Por Antonio Medina Trejo *
México ha construido, particularmente desde la Ciudad de México, una narrativa de modernidad democrática y reconocimiento de derechos para las poblaciones LGBT+. Sociedades de Convivencia, Matrimonio Civil Igualitario, Ley de Identidad de Género, Tipificación de Crímenes de Odio y la ley contra todas las formas de discriminación nacieron en la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal a inicios del siglo XX.
Estos logros se han replicado prácticamente en todo el país en lo que va de este milenio.
Por ello, la capital ha colocado al país como un referente regional en materia de diversidad sexual, donde además se ha declarado a la ciudad como GayFriendly a nivel internacional, lo que le ha dado un carácter cosmopolita e incluyente.
Sin embargo, detrás de esa imagen progresista persiste una realidad profundamente desigual, ya que miles de disidentes sexuales siguen viviendo en contextos de violencia social e institucional, discriminación en espacios gubernamentales y de convivencia social, además de exclusión de las políticas públicas.
“Los nadie” LGBT no figuran en foros ni templetes con banderitas arcoíris ni salen tomándose selfies muy sonrientes con funcionarias públicas ni con diputados gays, mucho menos reciben apoyos clientelares o van a talleres para conocer sus derechos.
Esos y esa “nadie” de la diversidad sexual son indigentes, trabajadoras o trabajadores sexuales, diableros de la Central de Abastos, obreros o LGBT menores de edad que son expulsados de su casa por el odio familiar y deambulan en las calles de la ciudad intentando sobrevivir a la cruel realidad del México conservador y criminal.
Los avances alcanzados durante las últimas dos décadas y media no han alcanzado a un amplio espectro del las poblaciones sexo diversas que no se dedican al activismo y no gozan de las mieles del poder político en turno.
Los logros legislativos y las política públicas que muy a regañadientes emprenden algunos gobiernos, no han sido concesiones espontáneas del poder político.
Fueron producto de años de lucha activista, movilización social e incidencia legislativa en que el activismo fue denunciante y también propositivo. En ese proceso, la llegada de la izquierda al entonces Gobierno del Distrito Federal en 1997, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), abrió un momento político decisivo para el movimiento de la diversidad sexual que duró hasta antes del 2018.
La apertura de espacios institucionales permitió que organizaciones y activistas comenzaran a dialogar directamente con legisladores y autoridades.
El Primer Foro de la Diversidad Sexual realizado en 1998 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal marcó el inicio de una nueva etapa en la construcción de políticas públicas para las poblaciones LGBTI+. A partir de ahí se impulsaron las reformas históricas mencionadas y otras que han hecho de nuestra ciudad una suerte de laboratorio político de derechos humanos, que hoy muestra rezagos y en algunos casos, retrocesos.
A pesar de ello, casi tres décadas después, la realidad en la capital del país y en la gran mayoría de los estados demuestra que la igualdad jurídica no necesariamente se tradujo en igualdad social, ya que en 2026, México continúa siendo un país profundamente desigual, excluyente y discriminador hacia las personas LGBTI+.
Mientras algunas entidades cuentan con marcos legales relativamente avanzados, otras mantienen resistencias políticas, vacíos legislativos y estructuras institucionales incapaces de garantizar derechos básicos.
El acceso a la justicia, a la salud, a la educación o al empleo digno sigue dependiendo, en muchos casos, del código postal de la persona, del nivel socioeconómico o la identidad de género, pues los datos oficiales sobre discriminación muestran con claridad esa contradicción.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, alrededor de cinco millones de personas de 15 años y más se reconocen como parte de la diversidad sexual y de género en México.
Sin embargo, las condiciones de discriminación siguen siendo estructurales. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 documenta que las poblaciones de diversidad sexual y de género continúan enfrentando prejuicios y obstáculos sistemáticos en distintos ámbitos de la vida pública y privada.
La violencia extrema tampoco ha disminuido.
El registro de la organización civil Letra S documentó al menos 60 asesinatos de personas LGBT+ en México durante 2025. Ese dato puede llegar a 180 personas asesinadas por su orientación sexual e identidad de género si se considera el subregistro que siempre ha calculado esa organización.
La mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres trans, el sector históricamente más precarizado y violentado dentro de la diversidad sexual. A ello se suma el incremento de agresiones y desapariciones documentadas por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, que registró en 2024 cuando menos a 46 personas.
Frente a este panorama, resulta inevitable cuestionar el papel del actual partido gobernante. Morena ha construido buena parte de su discurso público alrededor de la inclusión, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad sexual. Sin embargo, en la práctica, una parte importante del activismo LGBT+ ha denunciado la manera en que las llamadas Acciones Afirmativas han sido utilizadas políticamente para colocar candidaturas sin trayectoria comunitaria real, o incluso, perfiles ajenos a las luchas históricas del movimiento. El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, que usufructúa una curul en nombre de la diversidad sexual, es el ejemplo más visible.
La usurpación de espacios destinados a poblaciones LGBT+ no sólo vacía de contenido las acciones afirmativas, también reproduce la exclusión política de quienes durante años construyeron las bases de estos derechos desde el activismo y la sociedad civil. En muchos casos, las candidaturas “representativas” terminaron respondiendo más a intereses partidistas que a las agendas comunitarias genuinas.
La contradicción es evidente: mientras el discurso oficial presume inclusión, muchas personas LGBT+ que han construido los logros que hoy se tienen continúan fuera de los espacios reales de toma de decisiones.
Existe, además, una creciente sensación de utilización clientelar del activismo.
Por un lado, gobiernos incorporan símbolos de la diversidad sexual en eventos públicos, campañas institucionales y actos de relumbrón durante el Mes del Orgullo. Por otro, persisten enormes deudas estructurales en materia de salud pública, prevención del VIH, educación inclusiva, acceso a la justicia, atención a víctimas de violencia y generación de condiciones laborales dignas para poblaciones históricamente discriminadas.
La inclusión convertida únicamente en espectáculo institucional corre el riesgo de transformarse en una simulación política. Así lo demuestra la venta del espacio público del Zócalo a la FIFA, que expulsará la llegada de la tradicional Marcha del Orgullo a ese espacio simbólico que conquistó la diversidad sexual en 1999.
Porque la igualdad no se construye solamente colocando banderas multicolor en edificios gubernamentales ni organizando eventos simbólicos con clientelas seleccionadas previa cooptación. La igualdad se construye garantizando derechos efectivos, fortaleciendo instituciones y permitiendo que las propias poblaciones LGBT+ participen realmente en las decisiones públicas que afectan sus vidas.
México avanzó en el reconocimiento legal de los derechos LGBT+, pero sigue sin resolver las profundas desigualdades sociales que atraviesan a estas poblaciones. El desafío pendiente no es únicamente legislar más, sino garantizar que esas leyes se traduzcan políticas públicas que garanticen vidas más seguras, más dignas y menos precarizadas.
Mientras eso no ocurra, la deuda del Estado mexicano con la diversidad sexual seguirá abierta.
* Periodista independiente y activista LGBT. Director de la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI). @antoniomedina41
