Autor: Antonio Medina

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Juan Jacobo Hernández subió a la tribuna del Senado de la República el 25 de junio para recibir un merecido reconocimiento, pero no fue a rendir homenaje. Fue a incomodar. Su voz resonó: “las consignas nacen muertas” si no hay acción común que las sostenga. No hablaba solo de historia. Hablaba del presente.

Su crítica utiliza una imagen que duele: el movimiento LGBT+ canta como cigarra en verano. Marcha, nombra a sus muertos, denuncia y resiste. Pero el Estado responde con un invierno institucional. Ahí donde debería haber expedientes vivos, hay carpetas congeladas. Donde debería haber sanciones, hay simulación. Donde debería haber derechos aplicados, hay museos de papel. Donde debería haber libertad de expresión y de tránsito, hay encapsulamientos.

Lo que plantea Juan Jacobo es doble. Primero, señala al poder: no basta con aplaudir desde la curul ni colgar la bandera en junio si, en septiembre, la fiscalía archiva por “falta de elementos” un crimen de odio. Segundo, interpela al activismo: cantar no alcanza. La consigna sin seguimiento termina en la bodega de lo simbólico. La memoria sin exigencia termina en una placa de bronce.

Y aquí complemento su planteamiento. El invierno no es un accidente climático del Estado: es una política. Se decide no presupuestar, no capacitar, no sancionar. Se decide convertir cada avance legal en un trofeo para presumir en foros internacionales, mientras en la agencia del Ministerio Público más cercana siguen preguntando: “¿Y usted por qué se viste así?” a una mujer trans que denuncia.

Hemos ganado leyes: matrimonio igualitario, identidad de género, tipificación de crímenes de odio y ECOSIG en varios estados. La Suprema Corte ha emitido sentencias históricas. Pero la justicia no baja. Se queda atorada entre el dicho y el hecho, entre el boletín y la calle. Esa brecha es donde mueren las consignas.

Por eso, la “acción común” que exige Juan Jacobo no es retórica. Es método. Significa auditar cada peso destinado a la diversidad sexual; significa evaluar a cada Ministerio Público; significa castigar al funcionario que discrimina desde el escritorio. Significa que el movimiento no sea botín político ni clientela fácil, que deje de cargar solo el verano y obligue al Estado a salir de su hibernación.

Hoy, nueve de cada diez agresiones por prejuicio siguen impunes. Las familias LGBT aún litigan durante años para registrar a sus hijos. Los crímenes contra mujeres trans se investigan sin perspectiva, sin hipótesis de odio y sin diligencia. Ese es el invierno.

El homenaje real no es un minuto de silencio en el Senado ni una iluminación arcoíris en edificios públicos. Es que la justicia opere sin apellidos. Es que el derecho deje de ser archivo muerto y que las acciones afirmativas LGBT no sean usurpadas.

Juan Jacobo puso el diagnóstico: sin acción común, la exigencia es un monólogo. Yo agrego: sin voluntad estatal para ejecutar lo ganado, la igualdad es un discurso vacío.

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