Por Antonio Medina Trejo
En cada elección los partidos se acuerdan de que existimos las poblaciones LGBT. Sacan la bandera multicolor del clóset, anuncian una coordinación de diversidad y nos presentan a quien salvará a la comunidad sexo-diversa. No discuten qué derechos faltan, solo quién ocupará la silla. Así convirtieron una agenda de derechos humanos en un botín electoral.
En los últimos años se multiplicaron las oficinas de diversidad en gobiernos, congresos y partidos, particularmente en el de mayor impacto. Las representaciones LGBT justificaron la inclusión aunque excluían en los hechos.
El dilema ahora no es que existan esos espacios, sino entender para qué sirven.
Quienes las han ocupado — en Morena, pero también en el PRD, PRI, MC, PVEM y hasta en el PAN — operan bajo la misma lógica. Cubren una cuota y se allegan de una clientela presta a legitimarlos, pero callan con las incongruencias de su partido al no legislar a favor de la diversidad sexual, o peor aún, actúan en contra de la agenda social que dicen representar.
Es común ver que las o los elegidos a ocupar un espacio de diversidad sexual se mimetizan con el poder, no con la comunidad. Ya no llevan la calle a la institución, llevan la línea política de la institución con las clientelas multicolor. Cuando hay un transfeminicidio y la Fiscalía no actúa, el funcionario o funcionaria de diversidad no está con las víctimas, está justificando a la Fiscalía. O cuando su partido usurpa una Acción Afirmativa LGBT, avalan y callan.
La Constitución obliga a ampliar derechos y evolucionarlos, no a congelarlos. ¿Qué reforma estructural salió de esas oficinas en estos años? Leyes de identidad con candados, tipificación de transfeminicidio sin presupuesto, o Matrimonio Igualitario sin adopción LGBT en la mitad del país que imposibilita garantía de ese derecho. ¿Y la vacuna contra el Mpox?. Puro foro, pronunciamiento y selfies de activistas orgánicos vanagloriando al poder.
Y lo más grave: hay quienes actúan contra su propia comunidad. Vetan voces críticas, arman padrones por lealtad partidista y guardan silencio cómplice cuando criminalizan las protestas, como sucedió el 1º de septiembre con Kenya Cuevas o en la Marcha del Orgullo, que granaderos con toletes y gases encapsularon contingente disidente.
El mecanismo clientelar es burdo en esta crónica anunciada de las elecciones que se aproximan, pues muy hábiles detectan carencias reales como la pobreza trans, desabasto de antirretrovirales para personas con VIH, falta de vivienda, ausencia de justicia, violación de Derechos, discriminación, o aumento de crímenes de odio; y anuncian una solución mágica y monumental con un Anexo de 42 mil millones para convertir el derecho en dádiva.
El anuncio no especifica al intermediario que decide quién entra y quién no. La realidad es que recibirán beneficios quienes tengan lealtad al poder que otorgue el beneficio. Si te das cuenta del engaño porque leíste con lupa la propuesta y reclamas, te acusan de atacar a la diversidad, de ser sospechosista y hasta conservador.
Es, sin lugar a dudas, el viejo corporativismo pero ahora guinda y adornado con banderitas multicolor, rayos que iluminan el cielo capitalino y tablas gimnásticas con miles de personas LGBT uniformadas obedeciendo ordenes en pleno Zócalo.
El Anexo 33 es el ejemplo perfecto de pinkwashing presupuestal. Se vende como histórico un instrumento contable, se infla la cifra y se prometen programas sociales sin reglas. Por ciento, usa logros del pasado y los recicla con otros nombres. Las reglas estarán para después de las elecciones. Lo importante — cuánto dinero nuevo, con qué indicadores, auditado por quién — se deja para luego.
Mientras, las personas LGBT siguen sin poder denunciar, son revictimizadas en los ministerios públicos, en hospitales, en escuelas, albergues o en la calle. Y qué decir de las corporaciones policiacas, que aunque ya desfilen en la Marcha del Orgullo y usen un distintivo multicolor, a sus miembros LGBT se les sigue violentando a quienes no cumplen con los roles de género, como lo ha denunciado recientemente un joven policía en Ciudad de México.
La realidad es que a pesar de los avances que se dieron hasta antes del 2018, los derechos ganados no derivan en políticas públicas, solo en simulación gubernamental con apapachos a activistas orgánicos, foros y muchas selfies con la bandera multicolor por delante.
Un cargo de diversidad que sirve no es el que presume ser el primer gay, lesbiana o trans en una institución. Es el que entiende que su lealtad no es con el partido que le nombró, ni con la persona funcionaria que “le abrió el espacio”, sino con la gente que dice representar, aunque eso implique confrontar a quienes le dieron el nombramiento.
Si no sirve para ampliar derechos y para llevar a la mesa del presupuesto la voz de las más — trabajadoras sexuales trans, personas con VIH, infancias expulsadas, migrantes LGBT revictimisades, personas LGBT desaparecidas, asesinadas, violentadas, y un largo etc en todo el país, — no es representación, es simulación.
Y la simulación también es corrupción.
@antoniomedina41
