Por Antonio Medina Trejo *
El 17 de mayo no es un día de arcoíris y discursos institucionales. Es un día de memoria y denuncia ciudadana. Ese día de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Hasta entonces, la ciencia sirvió para electroshocks, encierro psiquiátrico, expulsión escolar y despidos laborales “por el bien del enfermo homosexual”.
La OMS corrigió su error y el activismo sexo-diverso tuvo una herramienta para fortalecer su lucha por derechos. El inicio del Siglo XXI trajo nuevos bríos y la comunidad LGBT hizo suyo el 17 de mayo, no como un acto celebrativo sino como una fecha para protestar por la homofobia insertada en espacios de justicia, educación o salud, teniendo a los medios de comunicación como amplificadores del odio y el estigma social.
El 17 de mayo se volvió trinchera desde 2004 en Ciudad de México, y a partir de 2006 el poder legislativo lo propuso para que el Estado mexicano lo sumara al calendario cívico y generar reflexión sobre los derechos y libertades de una población históricamente excluida.
Es así que se fortaleció la lucha colectiva para lograr las uniones entre personas del mismo sexo durante la primera década del Siglo XX. El amor que no osaba decir su nombre se garantizó en las leyes con los mismos derechos de las parejas heterosexuales, al tiempo que en 2008 se lograron la Ley de Identidad de Género y la Tipificación de los Crímenes de Odios por Homofobia.
Estos avances fueron la base para que la lucha de la diversidad sexual continuara su camino a la siguiente década y se expandiera en el resto del país, enfrentando la guerra histórica que sostuvieron sectores del poder político y religioso, además de grupos conservadores, que desde los años 70, ante la visibilidad de las diversidades sexuales, les señalaron desde su doble moral con el dedo flamígero.
La respuesta del activismo LGBT fue “no hay libertad política si no hay libertad sexual”. En ese sentido, la despatologización de 1990 fue fundamental para presionar al gobierno para que actuara bajo los preceptos de la laicidad del Estado mexicano, y no en función de dogmas derivados de visiones retrógradas y excluyentes.
El activismo convirtió en derechos lo que antes fue considerado patológico. El amor entre LGBTIQ+ se fue liberando del asfixiante clóset de todo el siglo XX. Y hoy, cuando el gobierno presume y usufructúa leyes progresistas, es de sorprender que al mismo tiempo regatea al activismo no orgánico el acceso a espacios políticos y merma derechos como el acceso a la salud y la justicia, que siguen siendo una deuda que precariza aún a muchas personas de la diversidad sexual en México.
El 17 de mayo no es para apapachar demagógicamente clientelas. Es un día para emprender acciones gubernamentales reales, con presupuestos que garanticen derechos y libertades de todas las ciudadanías de la diversidad sexual.
*@antoniomedina41
** Texto publicado en la sección Resuena/Opinión en El Sol de México el 26 de mayo, 2026.
