Por Antonio Medina Trejo *
Cada año, en el marco del “Día del Niño”, el discurso público en México se llena de colores, festivales alegres y mensajes institucionales que apelan a la protección de “niñas y niños”. Sin embargo, detrás de esa narrativa celebratoria persiste una realidad incómoda: miles de niñas, niños y jóvenes menores de edad que migran, atraviesan el país en condiciones que vulneran de manera sistemática su vida, su dignidad y sus Derechos Humanos.
Los informes reunidos en la plataforma Mismo Mundo, Mismos Derechos que dio a conocer recientemente la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), pone en el centro del debate problemáticas que no se dicen ni se deliberan en la efeméride del 30 de abril de cada año.
Ante ello, nos documentan con claridad una crisis que no admite matices: la niñez migrante en México y Centroamérica no se desplaza por elección, sino expulsada por la violencia, la pobreza estructural, la desigualdad y la ausencia de condiciones mínimas para vivir.
En ese contexto, migrar no es una opción para menores de edad: es una estrategia de supervivencia.
Uno de los hallazgos más alarmantes que plantea el informe de la REDIM es la creciente separación familiar como resultado de la migración.
Aunque una parte de las niñas, niños y jóvenes inicia el trayecto en compañía de sus familiares, un porcentaje significativo termina el camino en soledad. Detenciones, deportaciones, violencia y decisiones desesperadas fragmentan a las familias y dejan a las infancias en una condición de abandono de facto. No son huérfanas en términos legales, pero sí lo son en términos reales: carecen de cuidado, protección y acompañamiento.
Esta “orfandad en ruta” expone a niñas, niños y jóvenes a los peores escenarios. En territorio mexicano, las rutas migratorias están atravesadas por redes de trata, secuestro y extorsión, además de la violencia sexual que les asecha en todo su recorrido.
Sin adultos que los resguarden, esas infancias quedan a merced de criminales que operan con impunidad y muchas veces de autoridades judiciales, militares o migratorias que poco o nada les importa el “bien superior” de las y los menores de edad. En este sentido, la violencia no es un riesgo excepcional: es parte estructural del trayecto.
A ello se suma la negación de derechos básicos. A pesar de que el marco jurídico mexicano reconoce el “interés superior de la niñez”, en la práctica las infancias migrantes enfrentan barreras para acceder a educación, salud, alimentación y condiciones dignas de alojamiento.
Muchas permanecen en albergues saturados o en contextos de abandono institucional, particularmente en las ciudades fronterizas, donde las políticas públicas clientelares no llegan porque esas muchedumbres ni votan.
Lo que hay que destacar de la información de la REDIM no es sólo una suma de carencias, sino una multiplicación de vulneraciones acumuladas. La niñez migrante no sólo pierde su hogar: pierde su red de cuidados, su estabilidad emocional y su acceso efectivo a derechos. Cada etapa del trayecto profundiza esa fragilidad.
Frente a este panorama, resulta inevitable cuestionar el papel del Estado mexicano. La respuesta institucional ha sido insuficiente, fragmentada y, en muchos casos, contradictoria.
Mientras por un lado se enuncian compromisos con la protección de “niñas y niños” (olvidando a jóvenes menores de edad), por otro se mantienen prácticas que perpetúan la desprotección, como la detención, la falta de alternativas de cuidado o la ausencia de políticas integrales de atención.
La consecuencia es clara: el Estado no ha garantizado el principio del “interés superior de la niñez” o “bien superior de niños y niñas”, signado por nuestros país en diversos tratados internacionales en las últimas décadas y ratificadas por el actual gobierno.
Esta evasiva gubernamental sobre su responsabilidad con las infancias, implica una responsabilidad ética y política de gran calado.
En este contexto, la celebración del “Día del Niño” o el “Día de las Infancias”, como ya se le denomina en algunas instituciones, adquiere un tono profundamente problemático.
Los eventos oficiales, cargados de simbolismo y gestos festivos, contrastan con la realidad de miles de niñas, niños y jóvenes que no tienen nada que celebrar. La demagogia se vuelve evidente cuando la infancia es utilizada como recurso discursivo, pero no como sujeto pleno de derechos. Ante ello, es preciso decir que celebrar sin garantizarles derechos, es, en el fondo, una forma de negarlos.
La deuda del Estado mexicano con las infancias migrantes no puede saldarse con regalo de juguetes, que en el fondo son campañas de imagen para futuros candidatos o candidatas a algún cargo de elección. Se requieren políticas estructurales, coordinación efectiva, y, sobre todo, voluntad para colocar la vida, la dignidad y los derechos de niñas, niños y jóvenes en el centro de la acción pública.
De lo contrario, el país seguirá produciendo generaciones de infancias que migran, no por deseo ni por realizar un anhelo de vivir en otras latitudes, sino por necesidad; no por oportunidad, sino por expulsión. Y cada celebración oficial seguirá siendo, para ellas, ellos y elles, un recordatorio de la distancia entre el discurso y la realidad.
* Activista y periodista independiente. @antoniomedina41
Imagen: IA
