Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Ésta es la quinta y última parte de una serie de artículos en torno al vínculo entre distintas expresiones de la discriminación hacia las personas LGBTI. La primera parte se puede consultaraquí, la segunda parte se puede consultar aquí, la tercera parte se puede consultar aquí y la cuarta parte se puede consultar aquí.
Al inicio de esta serie de artículos planteé que las agresiones y crímenes de odio por LGBTI-fobia no se gestan en un vacío. En la lógica que he apuntado, la violencia consiste únicamente en la expresión más extrema de la hostilidad hacia la diversidad sexual y de género, pero deriva y convive con otras manifestaciones de rechazo altamente difundidas en nuestro país, como losprejuicios, las actitudes negativas, las “bromas”, los comentarios excluyentes, los insultos, los actos de discriminación y la negación generalizada de derechos.
Todos estos fenómenos, cuya alta presencia ya he referido, contribuyen incluso a que la violencia parezca normal. Si prácticamente todo el país ha crecido con “chistes” LGBTI-fóbicos, si tanta gente no está dispuesta a aceptar personas LGBTI ni siquiera en su casa, si se suprime la diversidad cotidianamente en escuelas, colonias, oficinas, clínicas, parques, negocios… ¿qué tan raro resulta enterarse (si es que nos enteramos), cada cierto número de días, que a alguna persona LGBTI en algún estado de la República la privaron de su libertad, la golpearon o incluso la asesinaron por ser quien era?
Ésas son las realidades de la violencia LGBTI-fóbica en nuestro país. Existen todavía, por ejemplo, los esfuerzos para “corregir” la orientación sexual o la identidad de género de las personas (que también se conocen como “terapias de conversión”). La base esencial de este tipo de prácticas son los prejuicios que asocian el ser LGBTI con una enfermedad que requiere “cura”. Bajo esa lógica, se suele someter a las personas a privaciones de la libertad, evaluaciones psiquiátricas forzadas, abuso verbal, amenazas, violencia sexual, incluso esterilizaciones —ameritando que organizaciones e instituciones federales y localesapunten que “podrían configurar malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e inclusive podrían considerarse como tortura”.
Están también las cirugías “correctivas” que sistemáticamente se realizan a personas intersex. Las cifras sugieren que, en México, estas prácticas suelen llevarse a cabo de manera rutinaria, sin consentimiento, necesidad ni información, con fines puramente “cosméticos” y daños irreversibles y permanentes, incluida en varios casos también la esterilización.
A ello se suman las agresiones directas que las personas LGBTI enfrentan en diversas situaciones y contextos. Por ejemplo, en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, un quinto de quienes se descubrieron LGBTI antes de cumplir la mayoría de edad experimentó violencia física por ser quien era en su colonia, y más de un cuarto en su escuela. 15% de quienes participaron en la Encuesta Intersex 2020 reportó agresiones físicas por parte del personal médico mismo. Hay noticias de este mismo mes que aluden a personas LGBTI siendo atacadas a balazos en Quintana Roo o a golpes en la Ciudad de México, este último caso con desenlace fatal.
Por supuesto, los asesinatos resultan de suyo alarmantes. A pesar de la falta de estadísticas públicas oficiales, organizaciones contra la discriminación como Letra S han reportado que entre 2016 y 2020 hubo al menos 459 asesinatos por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las víctimas, sobre todo en contra de mujeres trans y hombres gay. Estos delitos suceden en todo el país y terminan —usualmente con saña— con la vida de personas de en promedio 31 años, cuyos cuerpos se encuentran generalmente en espacios abiertos o la vía pública, y cuyos casos pocas veces se atienden, registran o investigan con perspectiva antidiscriminatoria.
Todas estas manifestaciones de violencia requieren atención prioritaria. Sin embargo, para erradicarlas hace falta más que investigar y sancionar los casos específicos: también es necesario transformar las percepciones sociales, combatir los prejuicios y erradicar cualquier práctica, ley o política que promueva la discriminación.
Roberto Zedillo Ortega (@soykul) es especialista en igualdad y no discriminación. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha asesorado la conformación de esfuerzos para la inclusión en instituciones como el Conapred y CulturaUNAM. Tiene experiencia en consultoría, investigación y docencia, así como varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su publicación más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas y Elena Sánchez-Montijano. Escribe en Anodis cada semana.
