Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Este fin de semana, cobró trascendencia en redes sociales el caso de Paulina. Se trata de una mujer trans que, al acudir a una sucursal de BBVA en Torreón para actualizar los datos de sus cuentas, recibió no solamente una cuestionable negativa para realizar el trámite, sino además un trato presuntamente estigmatizante y transfóbico.
Por desgracia, la experiencia de Paulina no es única. Más bien, forma parte de las vivencias cotidianas de las personas LGBTI —especialmente de las personas trans y con otras identidades de género no normativas. En nuestro país, la resistencia a brindar servicios a dicha población es altamente frecuente, e implica una vulneración “normalizada” de derechos.
Una clara muestra de ello son las cifras de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018 del Conapred. Entre las personas LGBTI que participaron en este ejercicio, una de cada cinco declaró que en los doce meses anteriores se había sentido discriminada por su orientación sexual o identidad de género en algún banco, negocio o centro comercial. Como es posible suponer, la cifra es todavía más alta entre quienes no son cis: 30% entre hombres trans, 35% entre mujeres trans y 32% entre personas con otra identidad de género no normativa.
Algo similar pasa en cuanto a la negación concreta de derechos. Por ejemplo, una de cada diez personas en la misma ENDOSIG señaló que en el último año le habían negado un crédito hipotecario, una tarjeta o un préstamo por ser LGBTI, y 49% (¡la mitad!) dijo que no le habían permitido siquiera entrar o permanecer en algún banco, centro comercial o negocio por su orientación sexual o identidad de género. En el primer caso, quienes más reportaron la situación fueron las mujeres trans y los hombres gay; en el segundo, los hombres gay y las mujeres lesbianas.
Con este tipo de estadísticas, queda claro que ser LGBTI implica una clara desventaja para acceder a bienes y servicios comerciales en México. Se trata de una faceta más de la discriminación sistemática a la que dicha población está expuesta.
Ante una situación como la ya descrita, es urgente reclamar (y promover desde el Estado) que el sector privado se ajuste a la legalidad. Nuestra constitución en su primer artículo es muy clara: cualquier tipo de discriminación está prohibido, y eso incluye la exclusión motivada por la orientación sexual y la identidad o la expresión de género. Las políticas públicas federales y locales deberían estar alineadas a erradicar este fenómeno —aunque desgraciadamente no siempre haya acciones contundentes en la materia.
Por parte de la sociedad civil, es indispensable exigir igualdad ante las instituciones tanto públicas como privadas. La visibilidad en redes sociales sin duda es importante, pero (como hizo Paulina) muchas veces una gran contribución es también acudir (si es posible) a las dependencias competentes para denunciar. Y por supuesto, parte de la apuesta debe ser reforzar el combate a los estereotipos LGBTI-fóbicos, pues éstos suelen ser la base del trato excluyente que aún prevalece en nuestro país.
Sobre el autor:
Roberto Zedillo Ortega (@soykul) es especialista en diversidad, igualdad y no discriminación. Ha asesorado diversos esfuerzos para la inclusión en instituciones públicas, y tiene experiencia en consultoría privada, investigación y docencia. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha publicado varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su obra más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas Paciuc y Elena Sánchez-Montijano.
