Por Gerardo Sánchez
Para el historiador Lorenzo Meyer el sistema judicial en México es una vergüenza y su fracaso se traduce en la forma en que se está trasladando a Palacio Nacional durante las mañaneras. Para el académico existen casos que llegandirectamente al Poder Ejecutivo en busca de justicia como el de la periodista Judith Valenzuela que llevó a la conferencia matutina el testimonio de su hijo preso desde hace 15 años, con indicios de tortura y sin una sentencia; así como también la reciente presentación del audio de Israel Vallarta que solicita la intervención presidencial para que su situación sea revisada.
Esta crisis de impartición de justicia podría representar para la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) un desafíoexacerbado, amplificado y multiplicado; ya que adicional a los vicios propios -e históricos- del ejercicio judicial en nuestro país también se añaden los paradigmas fóbicos y de rechazo hacia la diversidad desde quienes operan en el poder judicial.
Un ejemplo de lo anterior fue cuando Oscar Manuel Ramírez Siordia, quien por discriminación debido a su orientación sexual y fallas en el proceso, estuvo encarcelado ccinco años en el Reclusorio Oriente y que gracias a la intervención de la organización Letra S y a la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencias, (CIDE); se demostró no sólo su inocencia sino también la homofobia de la juez que en 2010 lo había sentenciado.
Por su parte, Kenya Cuevas, activista y defensora de derechos humanos; opinó que por lo menos el 80 por ciento de la población diversa en reclusión podría contar con un recurso de beneficio de la ley, pero al existir una cultura LGBTTTIfóbica de gran arraigo en los servidores públicos, la promesa de justicia se aleja incluso con este escenario de oportunidad que la norma oferta.
Pese a existir el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género, editado por la Suprema Corte de la Justica de la Nación (SCJN) y dirigido a los y las jugadoras para auxiliarles a “cumplir su mandato constitucional en materia de derechos humanos”, según la investigación periodística Crímenes de odio en México sin estadísticas oficiales publicada por la plataforma Cultura Colectiva ninguno de los poderes judiciales locales reconoció usar esta herramienta para el seguimiento a este tipo de delitos.
Ventilar las distorsiones históricas del Poder Judicial desde las conferencias diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador es una señal hasta cierto punto positiva, en otros tiempos era impensable que el alto mando del ejecutivo abordara estos temas en público, e incluso que interviniera. Sin embargo, no es buena idea que las “mañaneras” sean el nuevo tribunal.
Por todo lo anterior es necesario considerar que sigue criminalizándose a la población LGBT+ por el simple hecho de no estar al margen de la heteronorma, resultando este hecho un factor que podría sesgar el proceder de la justiciapara ellos, ellas y elles. Además, cabe la oportunidad desumar con este espacio de opinión al llamado que se ha venido dando desde diversos foros para que los poderes judiciales, no sólo en el ámbito federal sino también en lo local, transformen su proceder toxico de corrupción, de irregularidades… ¡y de LGBTTTIfobia!
Fuente: Expansión Política
