Por Antonio Medina @antoniomedina41
A 12 años de la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, resulta inobjetable la importancia histórica, simbólica y cultural que implicó esta conquista del movimiento de la diversidad sexual en la construcción de una sociedad más libre e igualitaria.
El voto mayoritario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 21 de diciembre de 2009, detonó el avance de esta figura jurídica en todo el país y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones LGBTTTI que durante décadas pugnaron por reivindicar su ciudadanía.
A la fecha, la ola civilizatoria impulsada por el PRD y la sociedad civil ha logrado que 25 entidades -Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas-, avalen las uniones entre personas del mismo sexo.
Este proceso libertario y democratizador no ha estado libre de obstáculos, grupos antiderechos se han opuesto. No obstante, la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que definió como inconstitucional toda ley que considerara al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer con fines de procreación, fue fundamental para continuar su avance.
Sin embargo, siete entidades federativas –Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz-, aún se resisten a proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI.
En este sentido, es loable el papel desempeñado por los activismos de la diversidad sexual como en el caso de Durango, que por la vía del amparo avanza inexorablemente a una nueva realidad jurídica, o en Guanajuato, cuya incidencia logró que el gobierno estatal emitiera un oficio dirigido al Registro Civil de la entidad para instruirle se reconozca el derecho de todas las personas a contraer matrimonio en sus oficialías. Un paso administrativo importante pero insuficiente.
Por ello, en este importante efeméride, desde el PRD llamamos a los congresos de estas siete entidades a reconocer el matrimonio igualitario con base en los principios de igualdad y no discriminación plasmados en el artículo primero constitucional. Refrendamos también el Punto de Acuerdo presentado recientemente en la Cámara de Diputados por nuestra legisladora Rocío Banquells para solicitar a estos congresos realicen los procesos legislativos correspondientes para aprobar esta figura jurídica.
La LGBTfobia institucional debe erradicarse pues la negación de derechos no es propia de sociedades que aspiran a ser democráticas. La lucha política de las poblaciones LGBTTTI ha develado una realidad social mexicana que es necesario reconocer.
El PRD no titubeará en impulsar este derecho en las entidades faltantes ni en apoyar la genuina demanda de los colectivos LGBTTTI que buscan terminar con la histórica marginalidad jurídica, social y cultural de la que han sido objeto.
