Los prejuicios contra el VIH: otro pendiente relegado por el gobierno

Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)

Actualmente, algunas políticas federales reconocen la serofobia y establecen acciones obligatorias contra ella. Dos ejemplos son el Programa de Acción Específico en materia de VIH de la Secretaría de Salud y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación del Conapred. De estos instrumentos emanan mandatos como promover una armonización legislativa contra la discriminación laboral por VIH, apoyar “intervenciones comunitarias” contra los estigmas, capacitar al personal de las unidades de salud en materia de igualdad y generar campañas públicas para promover la inclusión. 

No obstante, la implementación hasta ahora parece ser poco ambiciosa —o cuando menos (fuera de la difusión en redes sociales) de muy bajo perfil. Con el debilitamiento institucional tanto del Censida como del Conapred, el panorama a mediano plazo es más bien pesimista. 

Quizá por ello no sorprende el testimonio de un joven llamado Eduardo, quien hace unos días difundió en Twitter una experiencia preocupante. En pocas palabras, solicitó una vacante en el supermercado La Comer y se la negaron. ¿La razón? Que vive con VIH y, según la empresa, “es complicado” tener a “personas como él” en el área de comida. Se trata a todas luces de un presunto acto de discriminación, pues la sola presencia de quienes viven con VIH no representa riesgo alguno para la planta laboral ni para la clientela, ya sea en un área de comida o en cualquier otra. 

Por desgracia, la situación que vivió Eduardo parece más la regla que la excepción. Tan solo entre 2012 y 2018, el Conapred tuvo que abrir 301 expedientes de queja por discriminación a personas que viven con VIH. Dos de cada tres casos tenían que ver con particulares (como las empresas), y la mayoría estaba relacionada con vulneraciones a derechos como el trato digno, el trabajo y la salud.

De hecho, la serofobia está grabada incluso en ley y también llega a expresarse de manera violenta. Una muestra: en la mayoría de las entidades federativas subsiste el delito de “peligro de contagio”, que abre la puerta a criminalizar a quienes viven con VIH por “poner en riesgo” la salud de otras personas. Otra más: el caso que hace unos meses se mediatizó sobre Quintana Roo, donde —según la organización Resilientxs— un joven presuntamente enfrentó actos de tortura y fue asesinado por vivir con VIH. 

El factor común en todas estas situaciones son los prejuicios. En México, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, más de un tercio de la población cree que convivir con alguien que vive con VIH “siempre es un riesgo”. En consecuencia, 36% del país no estaría de acuerdo en rentar una habitación a una persona que viva con VIH, y un desolador 57% (¡seis de cada diez personas!) no querría que sus hijas, hijos o hijes se casaran con alguien que viva con VIH.

Por fortuna, las generaciones jóvenes están cada vez más en desacuerdo con estas ideas, la población se ha mostrado consciente de la importancia de alzar la voz y denunciar, y cada vez más organizaciones y activistas combaten los estigmas. Esto ha llevado a logros institucionales importantes; por ejemplo, tanto el Conapred en 2015 como la Suprema Corte de Justicia en 2019 resolvieron sobre un caso similar al de Eduardo. En términos generales, cuando el IMSS se rehusó a contratar a una persona por vivir con VIH, ambas instancias determinaron que es discriminatorio realizar pruebas de detección entre aspirantes a un puesto, así como negarles el empleo por su condición de salud. 

Sin embargo, es indispensable exigir que el Estado redoble los esfuerzos proactivos. Es su deber tomarse en serio la lucha contra los prejuicios —y no sólo a nivel federal. Los estados también tienen competencia en materia de salud y de discriminación. Por ende, este enorme desafío requiere estrategias a nivel nacional que no es posible postergar más.

Sobre el autor:

Roberto Zedillo Ortega (@soykul) es especialista en diversidad, igualdad y no discriminación. Ha asesorado diversos esfuerzos para la inclusión en instituciones públicas, y tiene experiencia en consultoría privada, investigación y docencia. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha publicado varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su obra más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas Paciuc y Elena Sánchez-Montijano.

Post Author: anodis