Por Jaime Morales
La defensa y promoción de los derechos humanos, así como la búsqueda de condiciones dignas de vida para todas y todos, adquieren distintas formas según desde dónde se ejerzan. Cada papel es necesario y cada uno tiene sus respectivas implicaciones.
Hay quienes lo hacen desde la academia, dedicando sus esfuerzos a la investigación, al diagnóstico y al análisis de las situaciones que vulneran a las personas. Hay quienes lo hacen desde la sociedad civil, a veces con trabajo de base, a veces mediante iniciativas que pretenden permear en dimensiones más amplias del sistema, y siempre con la intención de colaborar directamente con la gente. Estamos también quienes lo hacemos desde un proyecto de gobierno, al cual nos hemos unido por convicción, diseñando, implementando y dando seguimiento a políticas públicas.
Muchas hemos transitado entre estas áreas, cambiando en el proceso nuestras posibilidades y nuestras atribuciones. Hay cosas que una puede hacer desde la sociedad civil y la academia, pero que no puedes hacer desde el gobierno; las leyes y las funciones a las que estamos delimitados simplemente no lo permiten. De manera inversa, hay acciones que una no puede emprender si no está en la academia o en la sociedad civil.
Desde el servicio público, la incidencia que podemos hacer, como ciudadana, como ser individual, tiene sus propias particularidades. Hay funciones que una servidora pública tiene asignadas y alcances que están claramente delimitados. Fuera de estos, de intervenir, la servidora pública estaría saltándose su investidura y, probablemente, transgrediendo las normas que condicionan su actuar.
Esto no significa que no seamos libres para externar nuestras opiniones, para señalar lo que nos parece incorrecto; significa que tenemos protocolos que seguir, áreas delimitadas de actuación, y que es en ésas donde nuestro trabajo debe enfocarse, por el que servimos a la ciudadanía y por el que se nos puede exigir rendición de cuentas sobre nuestro desempeño. Pero estas normas no son una imposición, son parte de los lineamientos que un gobierno democrático necesita para su correcto funcionamiento; normas que asumimos porque decidimos formar parte de un proyecto más grande que uno mismo que pone a la gente como su eje principal. Parte de dichos protocolos es, por supuesto, poner por delante el beneficio de la comunidad y nunca buscar el interés propio.
Como servidor público, junto con muchas más personas servidoras públicas, hemos buscado que el gobierno funcione de mejor forma, desde el área específica en que nos ha tocado trabajar. Nosotras y nosotros no hacemos el papel de oposición para un gobierno, del cual somos parte. Esa labor, respetable y necesaria en toda democracia, les corresponde a las y los ciudadanos que así lo decidan, en el ejercicio de sus derechos. Sigo comprometido con el cambio democrático de nuestra Ciudad, de nuestro país, una convicción personal que motiva el compromiso con el servicio público, con el funcionamiento correcto y transparente de las instituciones, y con las obligaciones que nos han sido asignadas.
En una democracia la forma es el fondo. Respetar las normas y las áreas de actuación que a cada una le corresponden es fundamental para no volver a permitir que las instituciones funcionen para el beneficio privado de unos cuantos. Debemos exigir lo justo y parte de ello es el correcto proceder de nuestras servidoras y servidores públicos. Yo entre ellas.
