Por Gerardo Sánchez Guadarrama
México está reprobado como país tolerante hacia la población LGBTTTI. Es decir, en 2019 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calificó a nuestro país con 5 en aceptación de la diversidad en una escala donde 1 es igual a que esta condición humana nunca es aceptable y 10 significa que siempre es justificable.
Este penoso diagnostico nos encamina a reconocer la existencia de actos de discriminación en contra de este grupo de la sociedad en los entornos de la convivencia cotidiana: acceso a la salud, el núcleo familiar e incluso en el trabajo, por citar algunos.
Este último enfoque, la discriminación laboral por homofobia, transfobia y bifobia; presenta algunos indicadores que resulta conveniente poner sobre la mesa para este ejercicio de análisis e ilustrar esta forma de delitotipificado en la mayoría de los códigos penales locales del país:
• La OCDE reconoció que en sus países miembros la comunidad diversa tiene menos posibilidades que el resto de la población de conseguir un empleo y cuando trabajan ganan un 4 por ciento menos.
• Hay empleadores heterosexuales que no están dispuestos a contratar a una persona si su voz no corresponde a la identidad de género que muestra con su vestimenta, esto lo reportó la revista Psychology of WomenQuarterly.
• El Proyecto Europeo Avanzando en la Gestión de la Diversidad LGBT en el Sector Público y Privado reveló que 1 de cada cuatro personas se ve forzada a ocultar su identidad de género u orientación sexual en su trabajo por temor a perderlo.
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México afirmó que la discriminación laboral contra mujeres bisexuales y/o lesbianas puede ocasionar desigualdad social, violencia, restricciones de crecimiento profesional, estrés, despidos injustificados y precarización.
Una víctima de exclusión laboral por su condición diversadebe buscar asesoría legal y acudir a denunciar ante las instancias correspondientes: los Consejos para prevenir la discriminación locales, las Comisiones de derechos humanos estatales en los casos donde un servidor o servidora pública fuera quien cometa la falta -situaciones en las que incluso la pena se agrava-, juntas locales de conciliación y arbitraje; así como como a las Procuradurías o Fiscalías de defensa del trabajo.
Es menester hacer un llamado urgente a todas las instituciones del Estado, que no sólo involucra a los trespoderes de gobierno (local y federal), sino también a la iniciativa privada, la escuela o la familia; para atender y evitar el fenómeno de la discriminación laboral por LGBTTTI-fobia. México está todavía muy lejos de ser un país tolerante y si queremos rankear con mejores perspectivas en el foro internacional se debe comenzar a trabajar en ello.
Fuente: Expansión
