Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Este mes, la frecuencia alarmante de crímenes de odio contra personas LGBTI en México —especialmente contra mujeres trans— no sólo ha ameritado alertas de la sociedad civil, sino también la condena de varias instituciones públicas, incluida la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Sin embargo, gran parte de la atención a estos casos se enfoca en el ámbito penal. En otras palabras, la preocupación suele ser tipificar e investigar los crímenes, atenderlos sin recurrir a estereotipos, evitar toda forma de revictimización y castigar severamente a las personas responsables. Sin duda, sancionar los crímenes de odio es importante, pero evitar que se repitan es igual de fundamental. ¿Cómo podemos sumar esfuerzos para lograrlo?
En este mismo espacio, he mostrado que la violencia LGBTI-fóbica no se da en un vacío. En realidad, tanto los crímenes de odio como otras formas de violencia (terapias de conversión, cirugías “correctivas”, abuso sexual, agresiones físicas…) tienen como base los prejuicios. Además, sólo pueden abundar en contextos en los que la hostilidad a la diversidad sexual y de género está normalizada. Ése es el caso de México, donde abundan los “chistes”, insultos y comentarios excluyentes, y también la negación injustificada de derechos y las leyes y políticas discriminatorias.
Así pues, para evitar más crímenes de odio no sólo basta con reconocer, investigar y castigar los casos: además hace falta desmantelar cualquier otra expresión de LGBTI-fobia. Dicho de otra forma, para combatir los asesinatos y las agresiones hacia las personas LGBTI, necesitamos también erradicar las barreras de contratación en el empleo, los despidos injustificados y la atención médica deficiente; debemos eliminar el bullying en las escuelas, los gritos homofóbicos en los estadios y las “bromas” excluyentes en las familias. Detener la violencia exige transformar las representaciones en los medios, amplificar las voces diversas, promover una educación sexual integral y desmentir los mitos en la cultura.
Los crímenes de odio dejarán de considerarse “normales” sólo si se implementan éstas y otras acciones para la igualdad —y seguramente hay al menos una a la que individualmente podemos contribuir. La violencia prejuiciosa disminuirá conforme impulsemos que nuestras oficinas se vuelvan incluyentes, que nuestras escuelas permitan a las personas expresar quienes son, que nuestras familias acojan a sus integrantes sin importar su orientación sexual o su identidad o expresión de género, y que nuestras clínicas brinden atención oportuna y sin estigmas; en fin, conforme obliguemos a que los prejuicios se conviertan en cosa del pasado.
Por ello, es cierto que la erradicación de la violencia LGBTI-fóbica en México requiere de instituciones y políticas antidiscriminatorias robustas y fortalecidas. Si el reto es tan grande, se vuelve indispensable que todas las autoridades, sin importar su ámbito de acción ni el orden de gobierno al que pertenezcan, inviertan los recursos necesarios en desmontar estereotipos, capacitar a su funcionariado, modificar las normas y prácticas excluyentes, y ampliar la pedagogía social.
Pero, además, los esfuerzos del Estado deben complementarse con los del resto de la sociedad. Organizaciones civiles, organismos internacionales, familias, escuelas, empresas e individuos debemos asumir un compromiso explícito y sustantivo con la inclusión. Para garantizar la vida y la integridad de las personas, las buenas intenciones y los principios no bastan. Lo que hace falta es un impulso amplio y real, del cual cualquiera puede formar parte.
 | Roberto Zedillo Ortega (@soykul) es especialista en igualdad y no discriminación. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha asesorado la conformación de esfuerzos para la inclusión en instituciones como el Conapred y CulturaUNAM. Tiene experiencia en consultoría, investigación y docencia, así como varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su publicación más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas y Elena Sánchez-Montijano. Escribe en Anodis cada semana. |
