Por Antonio Medina Trejo *
La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de modificar los criterios aplicables para el registro de candidaturas para el proceso electoral 2023-2024, que incluyen a las fórmulas que los partidos políticos deben postular por acciones afirmativas destinadas a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, pondrá a prueba la voluntad política y el compromiso genuino de cada uno de los institutos políticos para revertir las desigualdades en el ejercicio de los derechos político-electorales.
El fallo del INE mostrará la fragilidad o fortaleza de la progresividad de derechos alcanzada en los últimos años por personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes, y ahora por quienes estén en condición de pobreza.
En el caso de las candidaturas a diputaciones federales, el Acuerdo INE/CG527/2023 no establece un número determinado de fórmulas para cada uno de los grupos arriba mencionados del total de 20 que cada partido político debe presentar -12 de mayoría relativa y ocho de representación proporcional-, con excepción de las personas indígenas pues para ellas quedan claramente establecidas 30 fórmulas.
Han coincidido las preocupaciones de las Consejeras Electorales Dania Ravel y Claudia Zavala, con las de activistas y organizaciones civiles, en el sentido de que en las acciones afirmativas para las candidaturas a diputaciones federales “se sustituye la postulación de un número determinado de fórmulas para cada grupo en situación de vulnerabilidad, por un conjunto de 20 fórmulas que cada partido político o coalición puede asignar como mejor le convenga”.
Las acciones afirmativas aprobadas por el INE el 15 de enero de 2021, habían sido hasta el momento, el mayor logro de estos grupos, sin embargo, la decisión adoptada por el Consejo General del INE el pasado 8 de septiembre pone en riesgo el piso mínimo de participación política, representatividad y acceso al poder público de las poblaciones LGBTI+.
Por ello, en aras de concretar las conquistas del activismo LGBTI+, y más allá de la voluntad de los partidos políticos de respetarlas e implementarlas, son necesarias reformas legislativas que guíen a los institutos políticos y a las ciudadanías LGBTI+ interesadas en participar en los procesos electorales en todo el territorio nacional.
Históricamente, en el proceso de fortalecimiento de las acciones afirmativas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha mostrado compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, de hecho mucho antes -1997-, de que estas emanaran de la decisión tomada en 2020 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el INE modificara los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional.
Con este antecedente, el PRD no puede dejar de ser ejemplo para que las acciones afirmativas se consoliden y superen el escenario del proceso electoral 2021, que en el caso de las poblaciones de la diversidad sexual estuvieron presentes en el ámbito federal y en 21 entidades, pero que en términos de representatividad, solamente cuatro de las 65 fórmulas ganadoras pertenecientes a alguna de estas acciones, son del colectivo LGBTI+.
Tampoco olvidamos la importancia política y social de que perfiles realmente preparados ocupen los espacios facilitados por las acciones afirmativas, quienes legislen arropados por esta figura, deberán mostrar trabajo en favor de la población objetivo por la que fueron elegidos.
La participación política y electoral de las ciudadanías LGBTI+, debe darse en igualdad de condiciones y sin actos de simulación. Sin diversidad no hay democracia, la participación LGBTI+ nutre la vida política. Consolidar las acciones afirmativas, es uno de los grandes retos democráticos en México.
* Director nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
