Por @antoniomedina41
La iniciativa de reforma al artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) propuesta por la legisladora Celeste Ascencio, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) informen al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Gobernación, sobre las donaciones que reciben del extranjero, constituye un nuevo golpe a la sociedad civil organizada.
De aprobarse esta iniciativa, las OSC -que durante décadas han subsanado la ineficacia gubernamental para resolver los grandes problemas nacionales-, estarían condenadas a la inanición presupuestaria a través de acciones legales propuestas por un régimen que las observa con recelo y desdén.
En sus inicios, a pesar del autoritarismo del régimen priísta, estas organizaciones salieron adelante y se convirtieron en pilar fundamental de la transición democrática en México. Por ello, indigna la desmemoria de la legisladora morenista en torno a la importancia de estos actores en la vida pública del país.
Desde la Dirección Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática, rechazamos la estigmatización y represión de la que son objeto las OSC por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su administración.
La condena presidencial inició en febrero de 2019 cuando el mandatario, sin prueba alguna, ordenó detenerles la transferencia de recursos presupuestales con el objetivo de “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado la discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
Posteriormente, en septiembre de 2020, el Ejecutivo federal envío al Congreso una iniciativa para aumentar las causales de revocación de las donatarias autorizadas. Ahora, la amenaza gubernamental y legislativa se recrudece a través de la diputada Celeste Ascencio.
Como en ocasiones anteriores, destaca la escasa reacción de las OSC ante las abiertas acusaciones de realizar actividades de cabildeo y litigio en contra de México. Muchas de ellas tampoco alzaron la voz cuando en octubre de 2021, el presidente señaló que la lucha feminista y el movimiento de la diversidad sexual eran consecuencia del neoliberalismo.
Resultaría preocupante que en aras de ocultar posibles prácticas deshonestas, una parte de las OSC cayera en la cooptación oficial, tal como ya ha venido ocurriendo. Callar a cambio de puestos de trabajo en las administraciones de la autodenominada 4T, demerita su papel histórico en la construcción de una sociedad que aspira a una saludable democracia.
La trampa de la legisladora de Morena va en contra de los movimientos de los que asevera ella ha emanado: el indígena y el LGBTTTI. Su plan para asfixiar económicamente a las OSC, más que luchar contra supuestos actos de injerencia extranjera, busca en primer lugar congraciarse con el presidente sin importar su dignidad legislativa, y en segundo término, pretende lacerar la autonomía de la movilización social.
¡Urge que las OSC se pronuncien en contra de este embate legislativo!
