Por Antonio Medina
@antoniomedina41
La postergación del reconocimiento del matrimonio igualitario en Durango, evidencia los prejuicios de quienes integran un Poder Legislativo más interesado en escuchar a jerarcas católicos que históricamente se han opuesto a la progresividad de derechos, que a la ciudadanía por la que constitucional y democráticamente fueron electos.
En esta nueva cruzada de violencia contra el matrimonio igualitario en Durango, la jerarquía católica utiliza la homofobia de la LXIX Legislatura, que en su mayoría se niega a reconocer un derecho avalado ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y numerosos organismos internacionales que defienden los derechos humanos.
La franca intervención del arzobispo Faustino Armendáriz no sólo atenta contra el artículo primero constitucional que prohíbe toda forma de discriminación, sino que fomenta el odio hacia la diversidad sexual menoscabando sus libertades, hechos en los que el Congreso de Durango participa abiertamente al retrasar la sentencia del Poder Judicial de la Federación mediante la cual le ordenó el pasado 14 de julio, discutir y votar el dictamen sobre matrimonio igualitario.
En un escenario que recuerda la época del medioevo, el Congreso de Durango, a través de la legisladora Susy Torrecillas, vulnera la laicidad del Estado mexicano al reunirse abiertamente con el arzobispo Armendáriz Jiménez y rechaza la exigencia que durante una década ha hecho el activismo LGBTTTI de acortar la brecha de desigualdad y exclusión.
La falta de voluntad política de la LXIX Legislatura, la clara injerencia de la jerarquía católica, el cabildeo de grupos antiderechos y la indiferencia de un activismo de la diversidad sexual que en el ámbito nacional ha prestado poca atención a este proceso, son una combinación perfecta que dificulta el cumplimiento del Estado de Derecho.
Desde la Dirección Nacional de Diversidad Sexual del PRD reiteramos nuestro apoyo a la postura progresista de la bancada del Sol Azteca y rechazamos la intromisión de la Iglesia católica en un proceso legislativo que atañe exclusivamente a la ciudadanía y no a la feligresía. Es necesario que el Congreso de Durango se sacuda el manto confesional y se cobije con nuestra Ley Suprema que en sus artículos 1°, 24, y 130 garantiza la igualdad de derechos y prohíbe la intromisión religiosa en asuntos propios de la vida civil y laica de la sociedad mexicana.
