En la primera mitad de 2023, la política sexual en el ámbito global ha enfrentado serios desafíos, particularmente en relación con los derechos LGBTQIA+. La tendencia hacia leyes más represivas y autoritarias ha sido evidente en numerosos países, marcando un preocupante retroceso en los avances previamente logrados.
Uganda ha sido uno de los casos más impactantes, con la aprobación de una ley draconiana contra las personas homosexuales, incluyendo la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”. Esto representa un aumento significativo en la severidad de las sanciones ya existentes en el país.
En Kenia, Tanzania y Camerún, las medidas represivas también se han endurecido. Kenia ha propuesto cadena perpetua para relaciones homosexuales, mientras que Tanzania ha propuesto la pena de muerte. Camerún ha prohibido programas de televisión con contenido que promueva la homosexualidad.
Burundi ha llevado a cabo procesamientos por “práctica homosexual e incitación a la homosexualidad”, un acto que resalta la persecución creciente en el país.
En América Latina, Panamá rechazó el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, utilizando argumentos que descalifican los derechos sexuales como derechos humanos.
Venezuela también ha mostrado una tendencia preocupante con la imputación de 30 hombres gays durante una redada policial, reflejando una postura más conservadora hacia la comunidad LGBTQIA+.
En medio de estos retrocesos, la lucha por los derechos y la igualdad continúa. Aunque el panorama actual presenta obstáculos y desafíos significativos, la resistencia y el empuje por la justicia persisten. La vigilancia constante y el compromiso con la defensa de los derechos humanos son esenciales para contrarrestar estas tendencias preocupantes y trabajar hacia un futuro más inclusivo y tolerante.
