El nuevo escándalo de LGBTfobia en Capital 21, un medio del sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México; pone en evidencia que la población Diversa adolece de una carente representación desde instituciones como la CNDH, CONAPRED o COPRED-CDMX; así como por parte de activistas y aliades que forman parte del actual gobierno de “izquierda”.
Por Gerardo Sánchez Guadarrama.
“Para dónde voltees es zona de desastre” dijo alguna una vez el periodista Humberto Musacchio ante periodistas que estábamos en una sesión formativa en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE; con relación al estado de las cosas poco antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto; así como en alusión a los resultados de los gobiernos anteriores.
La herencia del PRIAN podría entenderse como un sistema tributario donde sólo ganan empresarios y ‘factureras’, el robo rampante al erario, “cochineros” de los procesos electorales, periodistas asesinados, desapariciones en todo el territorio, desplazamientos forzados, una economía generadora de más pobreza, migración imparable, industria del crimen in crescendo, sistemas de salud pública colapsados, cárceles repletas de inocentes, feminicidios, racismo perpetuado sistemático, defensores de territorio así como ambientalistas ultimados… y si, también una política simulada de protección y reconocimiento a derechos de población LGBT+.
El hartazgo generalizado era (y sigue siendo) proporcional al deseo de un cambio a la convivencia tóxica, donde la transformación prometida debe ser propiciada desde un gobierno visionario, incluyente y democrático con la finalidad de promover la dignificación de quienes somos diferentes a la heteronorma.
Aunque es desde el foro interno la tarea de dignificar la existencia de uno mismo con preferencias, identidades y expresiones diversas; es preciso que este proceso venga acompañado desde el cobijo del aparato del Estado, pues de nada sirve el trabajo personal si la amenaza del crimen de odio, de la persecución policiaca, de la discriminación sistémica laboral, en el barrio o en la atención médica; está latente. Es necesario un pacto solidario.
De ahí que, con la llegada de la 4T, un movimiento político que se autodenominaba de izquierda y que aglutinó -como tal vez nunca había ocurrido en un gobierno mexicano- tal cantidad de personas LGBTTTI, activistas de la causa y aliades; la esperanza en una política de protección y reparación al daño histórico-sistémico hacia la Diversidad fue grande, como grande fue el estrepitoso desánimo, dejando una polvareda que al disiparse devela lo mismo que estaba antes: un conservadurismo rancio, prianista; por cierto, primo hermano de la corrupción.
Los periodistas Álvaro Delgado y Julio Astillero han identificado la presencia de grupos de extrema derecha en las filas del gobierno actual. “Siempre he criticado esto, con oportunidad y sin reservas: la extrema derecha aceptada en el obradorismo es una aberración”, escribió este último hace algunos días en su cuenta de Twitter.
Pero, ¿la cercanía con grupos anti-derechos es una estrategia política o existe una afinidad ideológica genuina ? Como fuera, tal vez esta incongruente intromisión de la derecha en la 4T podría explicar el capítulo “Capital 21/Turrent”, respecto al uso de recursos públicos para arropar a grupos transfóbicos en la pantalla pública; o bien, a la experiencia de un servidor en este medio gubernamental de la CDMX, pues al día de hoy existe un programa enlatado sobre Diversidad y Derechos Humanos planeado, producido -al inicio de esta administración-, proyecto del cual participé como conductor-guionista y del que ahora estoy seguro nunca verá la luz.
Aunque nuestro país reconoce la libertad de culto -al margen de que existan credos de cuestionable conducta, pero eso es un tema para otro ejercicio de análisis-, lo cierto es que a este derecho se antepone el mandado del Estado Laico; en este sentido los recursos humanos, económicos y materiales que forman parte de la administración pública deben procurar la protección y el reconocimiento de derechos, particularmente a grupos vulnerables.
El silencio de personas LGBT+, activistas y aliades que laboran en el gobierno federal y capitalino ensordece, al igual que el mutis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED; del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED; no sólo ante la errónea decisión editorial de Capital 21 (acompañado de la cínica defensa que ha tenido por parte del “cuatismo cuatrotetero”), sino también hacia otros escándalos LGBTfóbicos que han protagonizado personas y servidores públicos del obradorismo.
¿Dónde están? ¿Por qué para el discurso Transodiante de Gabriel Quadri y de la panista América Rangel enciende los ánimos, pero con lo ocurrido en Capital 21 el internet se les va?
Esta miopía de la élite política de “izquierda” pone en evidencia -nuevamente- que la población Diversa adolece de una carente representación política genuina, transparente, libre de cuota partidista; por lo que suscribo a lo que en alguna ocasión me dijo el activista Alain Pinzón en una entrevista: el cambio hacia la inclusión LGBT+ en nuestro país vendrá desde las calles y no desde los gobiernos.
