Por Antonio Medina Trejo *
Las Acciones Afirmativas (AA), resultado de la lucha social de grupos excluidos por tener representación en escaños legislativos, tuvieron debut y despedida con la 4T debido a que el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador propone reducir esos espacios a la mitad y en consecuencia, limitar la inclusión lograda en la última contienda electoral, además, desaparece áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), que hasta hoy salvaguardan la progresividad de derechos de grupos históricamente excluidos.
Esta propuesta fue concebida apenas en 2020 gracias a la resolución SUP-RAP121/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivada de una denuncia ciudadana. A través de este expediente, el TEPJF ordenó al INE modificar los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional para las elecciones de 2021 contenidos en el Acuerdo INE/CG572/2020.
Posteriormente, el 15 de enero de 2021, a través del Acuerdo INE/CG18/2021, el INE mandató a los partidos políticos garantizar la representación de poblaciones vulneradas y discriminadas.
Es así que, de manera obligatoria, los partidos tuvieron que proponer candidaturas de personas LGBTI+, indígenas, afrodescendientes, migrantes y con alguna discapacidad. No todos los institutos políticos cumplieron con el mandato, algunos intentaron burlarlo al presentar a hombres heterosexuales, quienes amparándose en la secrecía y autoadscripción que dicta la norma, se inscribieron sin serlo, como parte de esa población.
No obstante estas irregularidades, la inclusión permitió integrar fórmulas electorales con candidatos y candidatas de estos grupos sociales para ocupar escaños en la Cámara de Diputados. Así, cada partido debió integrar al menos 50 fórmulas pertenecientes a las AA distribuidas en los siguientes términos: Personas indígenas: 21 de Mayoría Relativa (MR) y 9 de Representación Proporcional (RP); con discapacidad, 6 de MR y 2 de RP; afrodescendientes, 3 de MR y 1 de RP; de la diversidad sexual, 2 de MR y 1 de RP; y migrantes 5 de RP.
Ante ese logro, que se gestó y se luchó por años desde sociedad civil (particularmente de la diversidad sexual, pues de una demanda de éste sector es que se resolvió a favor de todas las AA), la Cámara de Diputados decidió que el eslogan de esa soberanía para la LXV Legislatura fuera: Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
El escenario de hoy no es alentador con la propuesta regresiva del presidente de la República, que reduce a la mitad (25) los espacios de AA en cada partido político, pero además agrega a las juventudes, que no estaban consideradas como grupo vulnerable, achicando con ello los espacios y disminuyendo la posibilidad de inclusión de los sectores minoritarios.
Otro de los factores que mina la posibilidad de participación de personas de estos grupos, es que el Ejecutivo Federal propone que sean las cúpulas de los partidos las que decidan si presentan o no personas pertenecientes a grupos excluidos, y desecha la resolución del INE que lo determinó como obligatorio.
Además de revertir el logro de la inclusión de estos grupos, la propuesta de López Obrador prácticamente borra a las mujeres, que representan el 52 por ciento de la población, y que han logrado, luego de décadas de lucha, que en esta legislatura se alcanzara por fin la tan anhelada paridad de género de 50/50.
En algunos espacios de reflexión feminista se ha considerado que, si el Plan B es aprobado en el Senado, al reducir los espacios a grupos vulnerados, se afectará el porcentaje correspondiente a las mujeres, pues en la lógica del Plan B, que da libertad a los partidos de usar sus espacios como consideren, las feministas aducen que serán los destinados a ellas, los que se utilicen para cumplir con esas cuotas.
Nadie tiene duda que en el último cuarto de siglo el INE (antes Instituto Federal Electoral) ha sido una institución abierta a la sociedad que ha implementado políticas tendientes a la inclusión de todos los grupos sociales para que todas las personas, sin importar raza, género, estado de salud, color de piel, estado civil, orientación sexual o identidad de género, participen en el contexto democrático que queremos consolidar como país.
Por lo anterior, es muy importante defender los logros alcanzados y que hoy el Plan B, dictado desde la irracionalidad que prevalece en Palacio Nacional, busca desaparecer, entre otros motivos, por la obsesión presidencial de debilitar al árbitro electoral y regresar a los años en que México tenía elecciones de Estado y el partido en el poder gobernaba y controlaba todo el proceso, sin competencia, sin transparencia y sin órganos autónomos que le pudieron señalar abusos de poder o corrupción.
Hoy, ante este escenario regresivo, se requiere que la sociedad civil defienda los logros democráticos que se han podido materializar gracias al INE. Es preciso que el músculo ciudadano se muestre e impida la destrucción del árbitro electoral. Debemos rechazar la vulneración de nuestro derecho al voto y exigir respeto al mandato ciudadano a través de las urnas. No podemos permitir que se destruya el ideal democrático de la igualdad, la equidad de género, la inclusión, la progresividad de derechos y las libertades que de ellos emanan.
* Activista social y periodista independiente. @antoniomedina41 Artículo publicado en El Universal el 15 de febrero 2023.
