Hace más de diez años, el mundo sucumbió ante la idea del matrimonio igualitario. Tanto los impulsores, quienes vieron el alto impacto social y mediático de su propuesta, como sus opositores, quienes también salieron a las calles para oponerse a lo que llamaron “ideología de género” y, de igual forma, involucraron masivamente a más y más simpatizantes.
En México, fue en diciembre de 2009 cuando en la capital del país se aprobó el matrimonio entre personas sin importar su identidad de género ni orientación sexual. Además, en aquella sesión de la entonces Asamblea Legislativa se concedió el derecho de adopción a niños y niñas para parejas homoparentales.
Han pasado más de diez años y pese a que la Corte ha sido contundente y ha pedido a los Congresos locales que den el mismo paso que la capital, todavía en muchos estados esta batalla está lejos de concretarse.
Al mismo tiempo vino una batalla por el reconocimiento de la identidad de género de las personas independienmente de su sexo biológico. Avances por aquí, resistencias por allá. Misma historia.
Sin embargo, para no pocos integrantes de la población LGBTTTI+ la lucha por el matrimonio igualitario no es otra cosa que abrazar la normalización y la adaptación al sistema dominante de creencias y costumbres. ¿Acaso el matrimonio no es una costumbre del heteropatriarcado?
Junto con el matrimonio igualitario han caminado otros derechos. El de la salud, a la seguridad social, a la vivienda y, sobre todo, el derecho a la felicidad. No obstante, la violencia homolesbotransfóbica se ha recrudecido en los últimos años lo que sugiere, para un sector importante del activismo, que la que termina es una década perdida.
¿Quién nos robó una década? ¿Fue el mercado, los partidos políticos o el heteropatriarcado que usaron el pinkwashing, con subrayado énfasis en el matrimonio igualitario, para detener el reloj en asuntos igual o más trascendentes como la defensa de la integridad física y de la vida de las personas diversas?
Recientemente otras causas están llamando poderosamente la atención pública. Por ejemplo, legislar para prohibir las terapias de conversión o también los esfuerzos colectivos y comunitarios para combatir el desabasto de medicamentos. ¿Será por fin el paso esperado para dejar como dado el histórico triunfo del derecho civil y ahora enfocarse a otros temas?
En México no será fácil la transición. Faltan recursos para la movilización. La pandemia tiene a muchas y muchos en confinamiento obligado. La desarticulación de la sociedad civil se ha ido profundizando. Y siempre será más fácil reproducir métodos e instrumentos. Ojalá que no. Que la década que viene sea de innovación.
