¡Alto a la criminalización de la lucha de las personas con VIH!

Por Antonio Medina Trejo*

En una nueva embestida gubernamental hacia la sociedad civil organizada, funcionarios afines a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador intentan descalificar y criminalizar la protesta que activistas realizaron el pasado 1 de diciembre frente a las instalaciones del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (CENSIDA).

El golpeteo oficialista a las organizaciones civiles no es nuevo, inició unos meses después de que López Obrador asumiera la Presidencia de la República y ordenara retirarles los recursos presupuestales para, según sus propias palabras y sin presentar prueba alguna, “terminar con la intermediación que ha generado opacidad y corrupción”.

Dicha protesta, realizada por activistas que luchan por los derechos de las personas con VIH, fue un acto necesario ante los oídos sordos de las autoridades del CENSIDA y de la Secretaría de Salud a las múltiples solicitudes de diálogo para resolver, en un primer momento, el desabasto de medicamentos antirretrovirales que desde el comienzo del actual sexenio se registró en distintos puntos del país.

Criminalizar la protesta social de quienes buscan se garantice su derecho a la salud, equivale a una persecución propia de regímenes autoritarios y estigmatiza a quienes luchan por el respeto a sus derechos humanos.

Desde sus inicios, la intimidación ha sido el sello de la autodenominada 4T en su relación con activistas y organizaciones civiles que denuncian los yerros de las decisiones gubernamentales, tal ha sido el caso -además del activismo LGBTI+ y de lucha contra el sida-, de ecologistas, defensores del medioambiente, madres buscadoras, feministas, antimilitaristas, entre otros.

Descalificar las protestas de quienes a lo largo de este sexenio no han recibido más que el desdén gubernamental, equivale a omitir el gris desempeño del CENSIDA y de la Secretaría de Salud para hacer valer el derecho a la salud de quienes viven con VIH.

La pobreza argumentativa de quienes condenan la protesta social del pasado 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida, trata de afianzase en una supuesta violencia de género ejercida en contra de la titular del CENSIDA, pero no es más que un vano intento de deslegitimar a quienes exigen terminar con el desabasto de medicamentos, y se retomen campañas de detección y el rápido inicio de tratamientos antirretrovirales.

*Director Nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41