Yucatán tipifica el transfeminicidio

* De 32 a 45 años de cárcel por matar a una mujer trans por su identidad

* “Nosotras merecemos vivir en un mundo libre, donde no seamos asesinadas ni violentadas” – Dorian Herrera, Colectivo Princesas Maya

Ciudad de México, a 3 de noviembre, 2026. ( AMCI*).- El Diario Oficial del Estado de Yucatán publicó este martes 3 de noviembre de 2026 el Decreto 249/2026 que incorpora el delito de transfeminicidio al Código Penal local y que entrará en vigor este miércoles.

Con esta publicación, Yucatán deja de registrar los asesinatos de mujeres trans como homicidios comunes y los reconoce como una violencia motivada por razones de identidad y expresión de género, con penas de 32 a 45 años de prisión y multas de 1 mil 500 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización, entre 175 mil y 293 mil pesos, que podrán agravarse hasta en una tercera parte cuando el crimen se cometa con saña, por dos o más personas o contra menores de edad, personas con discapacidad o adultas mayores.

El nuevo Capítulo XII establece en el artículo 394 Octies que comete transfeminicidio quien prive dolosamente de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino.

La ley define nueve circunstancias para identificar que existe razón de género, entre ellas la presencia de signos de violencia sexual, lesiones infamantes o mutilaciones relacionadas con su identidad, antecedentes de rechazo, desprecio, discriminación, amenazas o acoso, existencia de violencia previa en lo familiar, laboral o escolar, que haya mediado una relación de confianza o afectiva, que el cuerpo sea expuesto o abandonado en vía pública para humillarla, que haya sido incomunicada o dejada en indefensión y que sus pertenencias hayan sido destruidas para negar u ocultar su identidad.

El artículo 394 Decies obliga a la Fiscalía a investigar desde el primer momento con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y respeto pleno a la identidad de la víctima.

Este avance no surgió de una decisión unilateral. Fue resultado de un proceso de diálogo impulsado por la diputada de la Bancada del Pueblo, Alba Cristina Cob Cortés, quien desde noviembre de 2025 presentó la iniciativa y convocó el 13 de octubre de ese año a la mesa de trabajo Por el Derecho a Existir en el Congreso del Estado, con la participación del secretario de las Juventudes Alan Padrón Albornoz, del Colectivo Princesas Mayas y del Departamento para la Inclusión de la Diversidad Sexual.

En ese encuentro, la legisladora subrayó que hasta ahora no existían datos oficiales porque todos los casos se asentaban como homicidios, lo que invisibilizaba la realidad.

En tribuna, al defender el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública el 14 de octubre y en el Pleno el 15 de octubre, Cob Cortés afirmó que no se discutían solo modificaciones al Código, sino vidas, dignidad y el derecho a vivir sin miedo ni tener que esconderse.

La iniciativa fue construida con colectivos que durante años exigieron justicia y que encendieron velas rojas en el recinto para recordar a las víctimas.

Las organizaciones celebraron el paso, pero advirtieron que aún es parcial. El Comité Estatal de la Diversidad Sexual de Yucatán, integrado por Yaaj México, Familias que acompañan y el colectivo S3D, reconoció el trabajo de diputadas, diputados y población trans y sostuvo que la propuesta representa un avance en el reconocimiento de las violencias que enfrentan las mujeres trans y en la construcción de mecanismos para su derecho a una vida libre de violencia, al tiempo que expresó su expectativa de que el avance siente bases para ampliar la protección jurídica a hombres trans y personas no binarias, quienes también enfrentan violencias específicas que deben ser visibilizadas.

La diputada de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta Escalante, que también impulsó la iniciativa Municipios con Orgullo para crear áreas de atención a la diversidad en los 106 ayuntamientos, señaló que la violencia continúa después de la muerte cuando las autoridades desconocen la identidad y ninguna autoridad debe reproducir ese odio al investigar.

La importancia de lo publicado hoy se entiende en su contexto. Yucatán aprobó su Ley de Identidad de Género el 28 de marzo de 2024, impulsada por la priista Karla Franco, convirtiéndose en la entidad número 22 en permitir el cambio de acta por vía administrativa en el Registro Civil sin necesidad de amparo ni pruebas médicas, solo por autodeterminación.

Hasta 2024 era uno de los estados más rezagados por la resistencia de grupos conservadores que también frenaron otras reformas. Ahora, con la tipificación del transfeminicidio, se convierte en la séptima entidad del país en reconocer este delito específico, mientras 25 estados siguen sin tipificar crímenes de odio ni transfeminicidio.

A nivel nacional, el mapa sigue incompleto. De acuerdo con Human Rights Watch y con la iniciativa presentada en el Senado por el Partido Verde en octubre de 2026, 24 estados ya cuentan con procedimientos administrativos para el reconocimiento de la identidad de género, lo que significa que una persona trans puede adecuar sus documentos sin juicio. Permanecen seis sin ese mecanismo: Tamaulipas, Aguascalientes, Chiapas, Durango, Querétaro y Tabasco. Querétaro es el caso más crítico en este momento, con la Ley de Identidad aprobada dos veces por el Congreso y devuelta dos veces por el gobernador Mauricio Kuri, la segunda el 22 de septiembre de 2026 y hecha pública el 9 de octubre, bajo argumentos de forma que colectivos como el Frente Queretano califican como trampas jurídicas.

Mientras Yucatán publica y hace exigible mañana una ley que nombra la violencia, Querétaro, gobernado por el PAN, mantiene congelado el derecho más básico, el de existir legalmente.

Con lo publicado hoy, Yucatán deja de ser ejemplo de rezago para convertirse en referente de cómo una ley se construye escuchando a las víctimas, y deja claro lo que falta en el país: no solo reconocer la identidad en el papel, sino proteger la vida de quienes la ejercen.

* Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad. @antoniomedina41

Post Author: Antonio Medina