CRÓNICA DE UNA PROTESTA QUE SE DESBORDÓ
Todo comenzó el lunes 6 de octubre en el Hotel Maga, sobre Calzada de Tlalpan. Dos mujeres trans trabajadoras sexuales participaban en una jornada en conjunto con la organización civil Médicos Sin Fronteras (MSF) afuera del establecimiento, cuando fueron amenazadas y golpeadas por individuos que defendían al propietario del Hotel, y posteriormente por policías de la Ciudad de México.
De acuerdo con los testimonios de las propias víctimas, el propietario del hotel las incriminó, las discriminó por ejercer el trabajo sexual y azuzó la agresión, con el argumento de que “afeaban” la zona. Las ofensas y palabras discriminatorias se escuchan en videos difundidos en las redes de las chicas violentadas, y se ve cómo hay hombres resguardando el hotel y al propietario, quienes terminaron violentándolas sin ser detenidos por la policía que llegó y revictimizar a las chicas trans.
Médicos Sin Fronteras confirmó después que hubo pacientes agredidos y personal médico atacado mientras realizaba su labor, además de pérdidas económicas en material e insumos que fueron destruidos.
Esa agresión primigenia —violencia transfóbica ligada a la falta de espacios seguros para ejercer el trabajo sexual— fue el detonante.
Del hotel a la fiscalía y a la alcaldía
Tres días después, el viernes 9 de octubre a las 15:00 horas, la convocatoria de Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes (TRASUIX), con apoyo de Justicia Histórica Trans y Lleca Escuchando la Calle, salió del Búnker de la Fiscalía General de Justicia CDMX hacia la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicada entre las calles Aldama y Mina.
La ruta no fue casual, pues exigían que se investigaran los hechos del 6 de octubre, que se verificara y clausurara el Hotel Maga y que se garantizara un protocolo contra transfeminicidios. Esas exigencias legítimas, han sido una constante de quienes desde la calle han tenido que enfrentar la violencia criminal, la discriminación y sobornos de la policía de la Ciudad de México.
A esa demanda central, sin embargo, se sumaron en el camino otras exigencias históricas como tener puestos metálicos para trabajar, vivienda, comedores comunitarios y la revisión de hoteles de la zona donde, denuncian, han ocurrido feminicidios.
Ahí empezó el primer nudo de la polémica, ya que como lo han dicho analistas, vecinos, activistas y la propia alcaldía, “esa no era la ventanilla correcta”. Los delitos de lesiones, discriminación y tentativa de transfeminicidio competen por normatividad a la Fiscalía CDMX. La política de vivienda, regulación de hoteles y programas de trabajo no asalariado competen al Gobierno central de la Ciudad de México.
La alcaldía solo tiene facultad de verificación administrativa de establecimientos mercantiles, que ha llevado a cabo en conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), dependiente del Gobierno de la Ciudad de México, que es la instancia que emite la dictaminación. Es así que han recorrido colonias como la Doctores, Santa María la Rivera, Hipódromo, Roma Norte y Juárez para verificar licencias de funcionamiento y el uso adecuado del espacio público.
La fogata y el quiebre del diálogo
Según la tarjeta informativa oficial y lo que se observa en videos que las mismas activistas han subido a las redes, el gabinete de la alcaldía sí salió a atenderlas en la explanada. Hubo diálogo inicial y se acordó incluso emitir una orden de verificación administrativa para el Hotel Maga y una mesa de trabajo.
La fricción inició cuando un grupo de manifestantes encendió una fogata con cartulinas frente al acceso principal del edificio de la Alcaldía. Personal de esa instancia, con base en el protocolo de Protección Civil, intentó apagarla con extintores de polvo químico. El humo blanco cubrió las escalinatas y provocó que varias participantes retrocedieran y se desatara la confusión.
Lo que siguió después fue desorden. De acuerdo con la versión de la demarcación, funcionarias —entre ellas la directora jurídica— que habían salido a dialogar fueron agredidas con palos y piedras. Al mismo tiempo, testigos y videos difundidos por el periodista Juan Becerra Acosta muestran a grupos ajenos a las manifestantes —hombres vestidos de civil, presuntamente personal de vía pública— correteando y lanzando objetos contra las chicas trans en el cruce de Buenavista, lo que generó una gresca cruzada con la policía auxiliar que resguardaba el inmueble.
El saldo: vidrios, puertas y mobiliario rotos, equipo de cómputo sustraído, pintas “Hoteles seguros para las putas”, quema de papeles, 10 lesionados según reporte inicial y hasta 16 según Proceso, dos trabajadoras y un funcionario de la alcaldía con golpes en la cabeza y la cara.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega anunció denuncia penal ante la FGJCDMX: “Con violencia, nada. Sus peticiones ni siquiera tenían relación con el motivo de su protesta. Pedían vivienda, terrenos vacíos para dárselos a su comunidad. Temas que nada tienen que ver con la alcaldía”.
El territorio en disputa
Activistas de larga data y organizaciones como Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez —que no participó en la gresca pero es referente histórico del trabajo sexual— advierten que la Cuauhtémoc es hoy un territorio en disputa. Han apoyado a las trabajadoras sexuales en sus denuncias argumentando la serie de irregularidades y vulneraciones que tienen que sortear con los hoteleros, pero también con la policía de la Ciudad de México que las extorsiona cotidianamente.
A ese respecto, activistas y trabajadoras sexuales trans, en una conferencia de prensa improvisada y transmitida en redes por radio Zapote el 10 de octubre, exigieron que el hotel sea clausurado mientras se hacen las indagaciones y que el dueño pida una disculpa pública, además de ser indiciado por la violencia contra sus compañeras, al tiempo que corearon una demanda que ya es común en sus protestas: “Clara decía que todo cambiaría… mentiras, mentiras, la misma porquería”.
Desde febrero de 2026, cuando Rojo de la Vega intentó retirar comercio ambulante irregular en San Cosme y denunció haber sido agredida por grupos ligados a Morena, la alcaldía sostiene que hay una operación de desestabilización. Del otro lado, el reordenamiento de la Alameda Central impulsado por el secretario de Gobierno César Cravioto, que redujo de más de 200 a 70 puestos autorizados, abrió un frente con líderes ambulantes. En esa disputa aparecen grupos de comerciantes ligados a una fracción de morena que quieren la Cuauhtémoc en 2027 para una de sus lideresas, cuyo capital político cruza el ambulantaje, la lucha social y el control territorial.
Para esa fracción, lo ocurrido les lleva agua al molino electoral, pues si la Cuauhtémoc se ve ingobernable, se justifica recuperarla a como dé lugar sin importar el uso de grupos sociales con demandas legítimas como las de las chicas trans agredidas en el hotel o en la gresca con grupos de choque en el edificio de la Alcaldía.
El PRI salió a respaldar a la alcaldesa y habló de “sabotaje con caos y grupos de choque”, mientras que desde Morena se acusa a la alcaldesa de victimizarse.
Pero como en todo río revuelto, al mezclar temas y al protestar en la ventanilla incorrecta, las demandas primigenias —sancionar al propietario del Hotel Maga que incriminó y discriminó a dos trabajadoras, garantizar hoteles seguros, investigar los transfeminicidios— quedaron eclipsadas por el escándalo de los vidrios rotos, “los cuales se reponen, no así la vida de las mujeres asesinadas”, como ha dicho en otras ocasiones Juan Jacobo Hernández a quienes reclaman por lo material y olvidan la vida de las víctimas.
La narrativa se centró en culpar a una instancia de gobierno —la alcaldía— que, a decir de la misma alcaldesa, “tiene una facultad acotada de verificación”, sin reparar en la responsabilidad del gobierno central y de la Fiscalía, que son quienes realmente tienen incidencia en todo lo que sucede desde el hotel y respecto a las exigencias que aprovecharon las activistas para pedir en donde no se debía.
Al final, el diálogo se re-instaló con las autoridades de la Alcaldía, pero la violencia —venga de donde venga— dejó a las víctimas del 6 de octubre en un limbo legal en el que el gobierno de Clara Brugada evade asumir su responsabilidad, y ve el escándalo a través del visor electoral para avanzar en el propósito de su partido, el cual busca a toda costa ganar la joya de la corona en la elección de 2027.
