Por Antonio Medina Trejo *
El proceso electoral de 2027 ya comenzó y los partidos políticos tienen frente a sí una obligación que no pueden volver a disfrazar de compromiso democrático: las candidaturas destinadas a la diversidad sexual deben ser ocupadas por personas LGBT+, pero también por perfiles que tengan capacidad, conocimiento y un compromiso real con la comunidad que, en teoría, habrán de representar.
Desde 2021, cuando el INE incorporó acciones afirmativas para garantizar la presencia de grupos históricamente excluidos, los partidos encontraron una nueva oportunidad para darle sentido a la pluralidad democrática que se supone somos como país. Pero también encontraron recovecos legales que los partidos han utilizado para convertir una conquista del movimiento LGBT+ en una simple cuota que hay que llenar.
La historia de estos años es incómoda. En distintos procesos electorales y prácticamente en todos los partidos se han denunciado candidaturas obtenidas mediante autoadscripciones cuestionadas, constancias de organizaciones de dudosa representatividad y maniobras destinadas a cumplir formalmente con la ley, pero burlando el espíritu de las acciones afirmativas.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es uno de los ejemplos más evidentes de esta contradicción. Su postulación mediante una candidatura reservada para la diversidad sexual generó un enorme cuestionamiento porque el espacio que debía contribuir a corregir la histórica exclusión política de las personas LGBT+ terminó siendo utilizado para impulsar una candidatura partidista de un personaje que además tiene un historial machista, misógino y homofóbico.
Pero sería un error pensar que el problema termina ahí o que pertenece exclusivamente a Morena. Todos los partidos tienen que rendir cuentas. Ninguno puede presumir de compromiso con la diversidad mientras utiliza las acciones afirmativas para acomodar candidaturas que de otra manera difícilmente tendrían un espacio.
Y hay otra discusión que debe decirse con absoluta claridad: ser LGBT+ tampoco puede convertirse en un salvoconducto.
La representación política no consiste únicamente en declarar una orientación sexual o una identidad de género para obtener una candidatura. Quien llegue a un Congreso mediante una acción afirmativa debe conocer cómo funciona el poder legislativo, saber cuáles son las problemáticas que enfrenta la población LGBT+, entender la agenda de derechos humanos y asumir públicamente un compromiso con ella.
Porque también ha ocurrido que personas LGBT+ llegan a los espacios reservados para la diversidad y, una vez ahí, se convierten en legisladores que desconocen las causas de la comunidad o incluso votan en contra de iniciativas destinadas a proteger sus derechos. Eso también es una forma de traicionar el espíritu de la acción afirmativa.
En 2027, los partidos deben dejar de preguntarse cómo cumplir con la cuota y empezar a preguntarse a quiénes están dando el poder.
Diputaciones federales, diputaciones locales y los demás cargos sujetos a acciones afirmativas deben abrirse a liderazgos LGBT+ preparados, con trayectoria, conocimiento técnico y político, además de un compromiso demostrable.
No necesariamente tienen que ser activistas profesionales, pero sí deben demostrar que su candidatura no es una etiqueta electoral ni una operación para cubrir un requisito.
Las autoridades electorales, por su parte, tienen que cerrar los vacíos que han permitido estas simulaciones y establecer mecanismos eficaces de verificación y rendición de cuentas.
La comunidad LGBT+ no luchó durante décadas para convertirse en una casilla que los partidos tachan para cumplir la ley, por tanto, en 2027 no queremos candidaturas arcoíris de utilería o que usufructúen un espacio para el grupo político que le propuso, sino que tenga una representación real que sirva a todas las poblaciones de la diversidad sexual, no solo a las clientelas del partido por el cual llega.
Porque una acción afirmativa que termina beneficiando a quienes no representan a la población para la que fue creada deja de ser una herramienta de inclusión y se convierte en una burla a la democracia.
Los espacios LGBT+ no son propiedad de ningún partido. Son una conquista de una comunidad que durante décadas ha exigido igualdad, representación y derechos.
Y esta vez, los partidos deben entenderlo: no basta con llenar la cuota. Hay que representar real y contundentemente a todas las poblaciones de la diversidad sexual.
@antoniomedina41
* Director fundafor de la Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad. ( AMCI)
** Imagen recreada con IA.
