Por Víctor Espíndola
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al publicar recientemente su informe sobre “violencia política”, ha suscitado un torbellino de críticas por su aparente parcialidad en el contexto político actual.
Si bien la CNDH tiene la prohibición explícita de intervenir en asuntos electorales, su informe ha hecho precisamente eso: ha emitido juicios que parecen favorecer a unos sobre otros, particularmente en el contexto de las próximas elecciones.
Uno no puede evitar preguntarse qué hubiera pasado si, en el pasado, la CNDH se hubiera pronunciado en contra de figuras como el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Habría sido aceptable entonces que una entidad que debe ser la guardiana de la imparcialidad y la justicia tomara partido tan abiertamente?
Es difícil imaginar que tal acción hubiera pasado sin una respuesta significativa del líder moral de Morena, quien en su momento pudo haber sido sujeto de tales informes críticos por su sistemática violencia policial.
El informe en cuestión hace hincapié en criticar a Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, mientras ofrece un reconocimiento a Claudia Sheinbaum por ser la única que mencionó “derechos humanos” durante su campaña. Tal distinción parece ir más allá de la competencia de la CNDH y se adentra en el territorio de los juicios políticos, algo que debería estar fuera de su alcance.
Más preocupante aún, el informe omite cualquier mención a posibles acciones o discursos que pudieran ser considerados como “violencia política” provenientes del partido gobernante y de su candidata. En un país donde la equidad en la representación política es una tarea pendiente, este tipo de omisiones no hace más que alimentar la desconfianza en una institución supuestamente autónoma y neutral.
El informe también pone en duda la objetividad de los medios de comunicación, asignando a estos la difusión de “propaganda negra” y “desinformación”. Tal acusación parece desentenderse de la realidad de que los medios tienen la difícil tarea de navegar en un entorno político donde las líneas entre información y propaganda a menudo se entremezclan.
La CNDH tiene la responsabilidad de ser una entidad que proteja los derechos humanos de todos los mexicanos, sin importar su afiliación política. Al parecer, ha olvidado que su misión es mantenerse al margen de la arena política, actuando como un árbitro imparcial en la protección de los derechos civiles, en lugar de un jugador más en el juego del poder político.
La objetividad y la imparcialidad son obligatorias para la integridad de cualquier organismo encargado de salvaguardar los derechos humanos. En este sentido, es esencial que la CNDH se mantenga dentro de los límites de su mandato legal y no caiga en la trampa de la parcialidad política, que solo sirve para socavar su credibilidad y la confianza del pueblo mexicano. El informe, al enfocarse unilateralmente en ciertas figuras y sucesos, ha perdido una oportunidad de reforzar su estatura como baluarte de la justicia y los derechos humanos para todos.
