Las acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios, la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE), los juicios de defensa de los derechos de la ciudadanía, así como los amparos de grupos organizados, son las herramientas jurídicas que servirán para luchar contra la regresión democrática que implica el llamado Plan B publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.
En el conversatorio “Acciones afirmativas en el contexto del Plan B: retrocesos y retos desde la sociedad civil”, expertos en temas de jóvenes, afrodescendientes, migrantes, diversidad sexual, personas con discapacidad e indígenas, señalaron que tras la aprobación de las reformas que limitan y acotan las funciones del INE y vulneran los derechos de poblaciones históricamente discriminadas, la ruta jurídica es necesaria para salvaguardar su representatividad política y electoral.
Realizado en la sede nacional del PRD, el conversatorio contó con la participación del presidente nacional de este instituto político Jesús Zambrano, quien calificó como un “bodrio” el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de reformas regresivas que cercenan los derechos de la ciudadanía y pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024.
“Está claro que la sociedad no quiere la regresión autoritaria de corte dictatorial que impulsa el reyezuelo de Palacio Nacional”.
Al hablar sobre las personas con discapacidad, la magistrada electoral, Martha Leticia Mercado, apuntó que el Plan B afecta la visibilización político electoral y el proceso de consolidación de una democracia absoluta de grupos excluidos que han avanzado a través de las acciones afirmativas, y definió como un error que la reforma electoral “meta en una misma bolsa” a los grupos de atención prioritaria que buscan representatividad a través de estas medidas.
A su vez, Gabriela Sodi, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, indicó que ante las afectaciones provocadas por el Plan B, al INE, al Tribunal Electoral y a las poblaciones en situación de exclusión, el PRD defenderá los derechos políticos y electorales pues el actual gobierno está empeñado en erradicar los logros alcanzados.
Por su parte, Víctor Espíndola, coordinador de Movimiento por la Igualdad en México y activista LGBTTTI, señaló que en este momento histórico, los grupos afectados por la reforma electoral deben dar la batalla jurídica, y a la vez impulsar mecanismos que perfeccionen la aplicación de las acciones afirmativas como la autoadscripción calificada, pues aseguró que políticos sin escrúpulos, escudándose en la protección de datos personales, han lucrado con estos mecanismos.
“Tiene que haber adscripción calificada, un proceso de revisión curricular, de historia personal, de transparencia para que quienes buscan ocupar espacios de grupos históricamente discriminados comprueben que pertenecen a quienes dicen representar”, y agregó que de las cuatro curules de diversidad sexual que actualmente hay en la Cámara de Diputados, sólo una está calificada, de las demás se ignora si cuentan con dicha adscripción.
Sobre personas migrantes, Cecilia Soto, ex candidata presidencial repudió los ataques del presidente López Obrador en contra de la ministra Norma Lucía Piña, y criticó la reforma electoral pues atenta contra los derechos de 38 millones de mexicanos migrantes que viven en los Estados Unidos y que con remesas benefician a cinco millones de hogares en México, ingresos que dijo, son superiores a los petroleros.
“De este tamaño es la regresión del Plan B que limita al INE y que con 25 lugares de acciones afirmativas pone a competir a los grupos vulnerados que tienen derechos a ellas”.
Jaime Martínez Veloz, ex comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, indicó que la reforma electoral viola flagrantemente el artículo primero constitucional al reducir espacios para grupos en desventaja, y a la vez calificó como una falacia el discurso presidencial en materia indígena. “Ante la Corte tenemos elementos jurídicos y sociales para desnudar la actitud violenta de López Obrador”.
En tanto, Tania Roque, académica de la UNAM, destacó la lucha y aportes de las poblaciones afromexicanas, mismas que apenas en 2019 el Estado mexicano reconoció en el ámbito constitucional y que ahora con el Plan B pierden los derechos y avances logrados en materia política y electoral, y advirtió sobre el riesgo de usurpación de las acciones afirmativas por parte de quienes buscan llegar a posiciones de toma de decisión.
La subsecretaria nacional de Juventudes del PRD, Jessali Zarazúa subrayó las afectaciones del Plan B a los derechos políticos y electorales de las juventudes.
Al término del conversatorio –moderado por Antonio Medina, director de Diversidad Sexual del PRD-, la dirigente nacional Verónica Juárez indicó que del conversatorio se retomarán propuestas para enriquecer la ruta crítica y jurídica del Sol Azteca, “para reforzar a la Corte con nuestros elementos, esto es parte de lo que sigue tras la enorme concentración del domingo en el Zócalo”.
