Por Antonio Medina *
@antoniomedina41
El matrimonio igualitario es una realidad jurídica en todo el país, se trata de un logro de las organizaciones civiles que durante 13 años se movilizaron intensamente enfrentando el conservadurismo y los prejuicios de iglesias, gobiernos, partidos políticos, congresos locales y de una sociedad que se negaban a reconocer este derecho.
De alto valor social y cultural, el matrimonio igualitario detonó en diciembre de 2009, cuando fue aprobado por la mayoría del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, una ola de avances políticos y jurídicos en favor de las poblaciones de la diversidad sexual.
Esa histórica modificación al artículo 146 del Código Civil de la capital del país impulsada por la sociedad civil organizada y acompañada por el PRD, junto con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la tesis jurisprudencial 43/2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2015, fueron el parteaguas para reducir las brechas de desigualdad y discriminación que afectan a las personas LGBTTTI.
No obstante que prácticamente todas las entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario, aún hay pendientes. Los congresos de Aguascalientes, Guanajuato, Chiapas, Chihuahua y Nuevo León no han modificado sus legislaciones, en los dos primeros casos este derecho es posible por decretos gubernamentales, y en los tres restantes, por pronunciamiento de la SCJN que declaró inválidos sus marcos jurídicos y llamó a armonizarlos.
La adopción homo, lesbo, bi, parental es otro reto para la diversidad sexual, pues si bien el matrimonio entre personas del mismo sexo es posible en toda la federación, solamente 13 entidades -Ciudad de México, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Morelos, Nayarit y San Luis Potosí-, le reconocen este derecho.
Es necesario avanzar pues como lo determinó la SCJN tras analizar la acción de inconstitucionalidad 8/2014, en los casos de adopción, la orientación sexual de las personas no es un elemento relevante a tomar en cuenta para formar o completar una familia.
Sobre el reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales y transgénero el reto por lograrlo en todo el país aún persiste pues a la fecha sólo 19 entidades han legislado en la materia: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo, Tlaxcala, y Sinaloa. En tanto que únicamente en cuatro de estas: Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México y Sinaloa, se reconocen a las infancias y adolescencias trans.
Tipificar en el ámbito federal los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) -las mal llamadas terapias de conversión-, es otro pendiente para el colectivo LGBTTTI pues a través de estas prácticas se busca modificar la orientación sexual e identidad de género de las personas, lo que atenta contra su dignidad humana y su derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Los ECOSIG están prohibidos y tipificados en la Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Colima, Tlaxcala, Jalisco, Baja California, Puebla e Hidalgo. Es necesario que la Cámara de Diputados ratifique la tipificación hecha en días pasados por el Senado de la República.
Un reto más consiste en avanzar en la tipificación de los crímenes de odio ya que sólo en 16 entidades se ha logrado: Aguascalientes, Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala, y Zacatecas.
En el ámbito de la salud, y en medio de la indiferencia criminal de la administración de Andrés Manuel López Obrador que prácticamente ha desmantelado el sistema de salud, las poblaciones de la diversidad sexual –principalmente los hombres que tienen sexo con hombres-, se enfrentan a la viruela símica que en México ha sumado al menos 2 mil 654 casos.
La movilización de organizaciones civiles para demandar la compra y aplicación de vacunas ha sido desdeñada por el gobierno federal tal como lo hizo cuando al inicio del sexenio comenzó el desabasto de medicamentos antirretrovirales contra el VIH. Precisamente en este tema debe avanzarse hacia la derogación del delito “peligro de contagio” previsto en los códigos penales de 30 entidades -con excepción de Aguascalientes y San Luis Potosí-, que estigmatizan y criminalizan a quienes viven con VIH.
Lograr reformas en materia de seguridad social que incluyan plenamente a las parejas del mismo sexo, acceder a terapias de reemplazo hormonal para personas trans así como garantizar los derechos político-electorales de la diversidad sexual para que las acciones afirmativas ya no provengan de los tribunales, sino de los documentos básicos de los partidos políticos, constituyen otros retos.
Tras el matrimonio igualitario –figura jurídica que sin duda se convirtió en gestora de otros derechos-, falta mucho por hacer, pero en estas tareas pendientes, los colectivos LGBTTTI, tal como ha ocurrido desde hace tres décadas, cuentan con el respaldo del PRD, una fuerza política progresista sin la cual no se explicarían varios de los logros alcanzados.
- Director de Diversidad Sexual PRD.
