Por Antonio Medina
Las amenazas de muerte de las que en días pasados fue objeto María José Flores Serrano “Majo”, destacada activista LGBTTTI en el estado de Puebla, son inadmisibles y constituyen una muestra más del peligro a los que se enfrentan quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en México.
Resulta prioritario que la Fiscalía General del Estado (FGE), agilice las investigaciones para dar con quien sea responsable de avivar esta ola de odio que en Puebla ya ha cobrado la vida de activistas de la diversidad sexual y defensores de los derechos humanos.
Si bien, la FGE ha informado sobre un presunto responsable, es necesario que, conforme al Estado de Derecho, se cuenten con los elementos necesarios que permitan probar la culpabilidad del imputado y no sea un chivo expiatorio, como a los que desafortunadamente suele recurrir la justicia mexicana.
El caso de “Majo” expone los riesgos a los que se enfrenta el activismo LGBTTTI, así como la fragilidad de los cambios políticos y legislativos logrados en la entidad, pues a pesar de que el Código Penal local tipifica los crímenes de odio, y de que al interior de la FGE existe la Unidad Especializada para la Comunidad LGBTTTI, no hay estadísticas oficiales que permitan afinar las políticas gubernamentales. De acuerdo con datos de la organización civil Letra S, de 2015 a 2021 en Puebla se registraron 23 crímenes de personas LGBTTTI, de los cuales 3 ocurrieron en 2021.
Para la Dirección Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es urgente que las autoridades garanticen la integridad de María José Flores, pues en Puebla existen antecedentes de expresiones de odio hacia los colectivos LGBTTTI, tal como ocurrió el pasado 7 de julio, cuando se dio a conocer un grupo de Telegram que en el municipio de Tehuacán exhortaba a asesinar a integrantes de estas poblaciones.
Pero sin duda, el caso más emblemático de odio hacia la diversidad sexual, es el relacionado con el crimen de Agnes Torres, activista transgénero asesinada en 2012 en Atlixco, y en cuya memoria organizaciones civiles impulsaron la llamada “Ley Agnes” que el Congreso de Puebla aprobó en 2021 para reconocer la identidad de género de las personas trans.
Exigimos a las autoridades de Puebla, al gobierno estatal y al Poder Legislativo local no dejar de prestar atención al caso de “Majo”, encontrar y sancionar a los responsables de las amenazas, las cuales deben ser erradicadas y castigadas conforme a la ley. ¡Basta de discursos de odio contra la diversidad sexual!
