Por Fabiola Díaz de León
Convocado por la Comisión de Diversidad, creada el pasado 12 de octubre de 2021, tuvo lugar el 28 de octubre de 2021 la mesa de trabajo titulada “Diálogo con funcionarios públicos relacionado con el ejercicio del presupuesto para temas de diversidad sexual” con la participación la presidenta Diputada Salma Luévano, la Diputada María Clemente García Moreno, la Diputada Frinné Azuara. Moderó el activista Máximo Carrasco y, como representantes de instituciones públicas, Luis Raúl Albores Morales al frente del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la CNDH, Julia Marcela Suárez del CONAPRED e internacionales con el Dr. Ricardo Baruch de la IPPF (International Planned Parenthood Federation).
En su introducción la diputada Luévano habló de que en su investigación para diagnóstico no hay datos ni cifras desagregados en relación con las acciones del ejecutivo federal en materia de diversidad lo que imposibilita la corroboración de los impactos esperados. Señala la falta de cifras, controles informes de labores y gasto. Esto hace imposible contar con un aproximado que indique cifras y montos para la solicitud de un presupuesto etiquetado para dicha población en el ejercicio de egresos para 2022; discusión que se lleva a efecto en estas fechas en la Cámara de Diputados.
¿Cuánta inversión le supone la diversidad a México para 2022?
Un misterio. La población LGBTTTIQ+ tiene un movimiento en defensa de sus derechos desde 1979 en México, a la fecha, no está documentada cuantitativamente ni cualitativamente en ningún lado con datos duros de investigación y estudios actualizados ni antes ni ahora por las autoridades que atienden su temática como lo son la CNDH, SEGOB vía el CONAPRED, ni CENSIDA.
Por irnos de acuerdo a la convención de que representamos el 10% de la población, en grosso modo, no podríamos ser menos de 13 millones de habitantes, pensando en personas presentes en el padrón electoral por lo menos 9.3 millones a nivel federal. Pero a la fecha sabemos que esto ultimo excluiría a las infancias y adolescencias que cada vez se ven más representadas dentro de la comunidad diversa.
Las necesidades de atención son muchas, por no decir todas. La violencia que nos atraviesa desde en el ámbito de lo familiar hasta los temas de salud, la existencia de centros que promueven Esfuerzos de Conversión en materia de Orientación Sexual e Identidad de Género, los ECOSIG, presentes en toda la república en forma de centros de rehabilitación, clínicas, hospitales psiquiátricos y anexos (que califican como tortura). La ley contempla una sanción a quienes impartan, promuevan o apliquen cualquier tipo de práctica que tenga como objeto suprimir la sexualidad de las personas. Pueden ser años de cárcel o, si estamos hablando de un profesional de la salud mental, la remoción de su cédula profesional.
Aún cuando tanto las preferencias sexuales no heterosexuales y las disidencias de género a la fecha han sido despatologizadas como enfermedades psiquiátricas y que el artículo I de la Constitución ampara que no hay diferencias legales para los ciudadanos por dichas particularidades la población diversa se ve violentada, discriminada, estigmatizada, objeto de discursos de odio, vulnerada en su derecho a la salud, el trabajo, la familia, la educación, la impartición de justicia, la pauperización, la vivienda, el sustento, las adicciones, orillada a situación de calle y pérdida de la libertad y, finalmente, a la vida misma por ser víctimas de crímenes de odio o acelerar vulnerabilidades mayores en prácticas de riesgo.
Resulta primordial, como señaló Salma Luévano, la necesidad de inversión en diagnóstico e investigación sobre estas poblaciones. Abrir canales donde sus mismos integrantes puedan llenar encuestas, formularios, solicitar ayuda, exponer sus particularidades directamente ante la recién formada comisión de diversidad sea por la vía electrónica o postal.
El aumento de presupuesto a CNDH, CONAPRED y CENSIDA no garantiza que el recurso llegue a esa población. Ni siquiera garantiza que la recién formada comisión cuente con la información necesaria para delinear sus programas y vías de acción. Sólo en el caso de la CNDH y cito de un artículo reciente del Economista: “Actualmente la CNDH tiene destinado el 75% de sus recursos para servicios personales, lo cual incluye sueldos, pago de prestaciones y estímulos a servidores públicos, mientras que también tiene previsto unos 2 millones 500,000 pesos para pagos de bienes e inmuebles, así como otros 94 millones 699,362 pesos para el pago de arrendamientos.” Esto es de miles de millones de pesos para soportar una entidad supuestamente autónoma que no ha arrojado datos actualizados en su página web, como el gasto desagregado del programa que nos compete a cargo de Luis Raúl Albores Morales desde el 2018. Ya no se diga la publicación de reportes en la misma página que pudieron haber ayudado al documento de diagnóstico de la nueva Comisión.
Llaman la atención las participaciones tanto de la CNDH como del CONAPRED ya que, por ejemplo, le licenciada Julia Marcela Suárez, directora de análisis legislativo y asuntos internacionales de CONAPRED confirmó que ese Consejo no cuenta con una asignación específica para la materia, sino que se atiende a través del Programa Nacional de Igualdad y no Discriminación (PRONAIND). Habló de la necesidad de la tipificación de los crímenes de odio, a pesar de que ya está la agravante de odio por ese y otros motivos en los códigos penales de varios estados, y dijo que el protocolo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justica para la atención de casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género emitido en 2017, solo fue para la atención y no para la investigación. En respuesta, la diputada María Clemente García Moreno cuestionó que CONAPRED no ha realizado, o al menos no ha hecho público, el análisis que debería hacer sobre las distintas normas y leyes discriminatorias en el orden federal.
En su oportunidad el licenciado Luis Raúl Albores se refirió a que la CNDH no opera políticas públicas, sino que hace propuestas a través de su “Consejo General” (sic, se llama Consejo Consultivo, según la Ley de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos), de la Secretaría Ejecutiva y de cada programa en su materia.
Puso como ejemplo lo que hace el programa de Sexualidad Salud y VIH que él dirige, donde señaló que están impulsando el cupo laboral trans, los albergues o espacios para que las personas LGBTTTIQ+ puedan vivir, los tratamientos para personas trans que no se limiten a los quirúrgicos (que no están disponibles en ningún servicio público del país), promovió la pronta vacunación de las personas que viven con VIH ante la COVID-19 mediante un amparo así como protocolos de investigación con las diferentes fiscalías. Esto es una buena noticia ya que la comunidad diversa es de las más frecuentemente vulnerada por la policía con cargos que obedecen a su poca capacitación y sensibilidad hacia el tema y su problemática.
Sería una probable buena medida que la comisión de diversidad del congreso recoja de manera directa toda la información que necesita para su diagnóstico usando vías de fácil acceso electrónicas, físicas y presenciales para recabar la información que requieren para su diagnóstico. El tiempo apremia y se necesita etiquetar el presupuesto de su operatividad para el 2022. Hay que partir de un monto aproximado, 13 mil millones de pesos para atención federal que se repartirán en la población directamente en forma de atención directa a las problemáticas que presenten, y un tanto para que cuenten con sus propios investigadores, analistas y consultorías.
Cabe recalcar que la comisión, que se conforma de 15 integrantes entre presidenta, secretarías y participantes, que hasta el momento cuenta solamente con 9 diputadxs activxs: 6 por MORENA, 1 por el PRD, 1 por el PAN y 1 por el PRI. Dejando claro que los dos asientos del PVEM, uno del PRI, uno del PAN y, el más raro de todos, ya que abanderó la diversidad particularmente en las pasadas elecciones intermedias, el MC, no hayan asignado a sus participantes, según la página web de la comisión.
Estarían pidiendo un poco más del doble de lo que cuesta solamente el Programa de Sexualidad, Salud y VIH en la CNDH anualmente que son entre 7 y 9 millones de pesos anuales que se van en sueldos, prestaciones, bonos, viáticos, eventos, arrendamientos e inmuebles. Hubiéramos esperado saber qué hace su programa con su presupuesto. Por cierto, que el último que está desagregado conforme a su partida presupuestaria, es el de 2018, cuando concluyó la Administración de Luis Raúl González Pérez. Desde el primer año de la Maestra Rosario Piedra, no aparece desagregado por Programas de Atención. En 2018 este programa ejerció 8,689,202 pesos. Suponemos que año con año se ha mantenido esa asignación. La pregunta es ¿qué hacen con ese presupuesto?
Imposible saberlo, su página de internet está actualizada con datos del… 2018. Las publicaciones están desactualizadas, por ejemplo, la Cartilla de las Personas con VIH tiene información al 2016, cuando que justo en 2018 se incluyó la profilaxis pre exposición (PrEP) en la Guía de Manejo Antirretroviral para las personas con VIH, y el año pasado la SCJN emitió un criterio jurisprudencial que obliga a las instituciones públicas de salud a dar tratamiento sin interrupciones a las personas que viven con condiciones de salud crónicas, como es el caso del VIH. Nada de eso, les ha interesado difundir en sus materiales ni en su sección de la página web de la CNDH, a pesar de ser una obligación tener esos recursos actualizados. No hay en la página ningún material nuevo de esta administración y sólo se adicionaron dos, elaborados al final de la anterior, con Gloria Careaga, lo cual es evidente porque lleva el sello de la Fundación Arcoíris.
Por cierto. Llama la atención que no presenta ninguna información de la que la misma CNDH recogió en el Informe Especial de la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e intersexuales, sobre las acciones que las distintas dependencias de gobierno han realizado en torno a la atención a estas poblaciones.
La diputada presidenta María Clemente García Moreno hizo un reclamo por la atención a las quejas en la CNDH, preguntó: ¿quién defiende a las personas de poblaciones vulnerables (algunas con VIH) que se quejan por la mala atención de la CNDH?
Propuso que la Comisión de Diversidad reciba las quejas de la mala atención de los organismos como CNDH y CONAPRED.
Por lo pronto podemos localizar a las participantes de la mesa en sus cuentas de Twitter que son las siguientes:
@MARIACLEMENTEMX @SalmaLuevano y @frinne_azuara
