Por Antonio Medina Trejo (@antoniomedina41)
Inconcebible que ciudadanas y ciudadanos de la diversidad sexual que realizaban una acción comunitaria titulada “Tianguis Disidente” el jueves 23 de septiembre” para sopesar las inclemencias económicas por la pandemia del Covid, fueran violentados, tanto por un grupo de comerciantes que monopolizan los espacios públicos en el centro de la capital del país, así como un día después en una manifestación, por granaderos del grupo ATENEA de la Secretaría de Seguridad Publica al mando de la Jefatura de Gobierno.
Este lamentable suceso se suma a varios actos de violencia policial tanto en el metro de la ciudad de México como en espacios públicos, donde gays, lesbianas, bisexuales y personas trans, han sido reprimidas por las “fuerzas del orden” de la capital del país.
Ante ello, el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, en específico su Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Atención a Víctimas de la Violencia, han callado, y en algunos casos han intentado silenciar a las personas afectadas para que no denuncien, no realicen actos de protesta comunitaria, o no interpongan quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Asi pues, lo ocurrido la semana pasada es un despropósito del gobierno de la Jefa de Gobierno al encapsular a ciudadanas y ciudadanos violentados, y no defenderles de las agresiones físicas de los comerciantes, generando una percepción de culpa para quienes fueron agredidos y aprobación o protección hacia quienes agredieron.
La actuación del cuerpo de granaderos reprimiendo y sumando su violencia (¿ #LeyGarrote? ) en contra de la divesidad sexual, rompe con el pacto social civilizatorio de igualdad y respeto a grupos sociales históricamente excluidos en la “Ciudad de Derechos”.
En ese sentido, es lamentable que la capital del país, que había logrado avances significativos hasta antes de 2018, a tres años de iniciado el actual gobierno, no se lleven a cabo políticas publicas reales que garanticen la progresividad de derechos, acompañados de acciones institucionales que evolucionen de acuerdo a los nuevos retos sociales, políticos y culturales, propuestos desde hace varios años por activistas, que, de hecho, es preciso decir, hoy son militantes del partido de la señora Sheinbaum y no son tomados en cuenta.
Es un clamor popular que la Ciudad de México no detenga sus avances libertarios y que las poblaciones de la diversidad sexual cuenten con el apoyo de su gobierno. Así lo ha refrendado el poder legislativo recientemente con una propuesta ciudadana votada por la mayoría de partidos, y que de llevarse a cabo por el actual gobierno, se podrán materializar los sueños del activismo en favor de sus derechos.
De hecho, la actividad reprimida, es parte de esos reclamos de atención a las poblaciones de la diversidad sexual en esta urgencia sanitaria, pues éste grupo poblacional es el que ha sufrido mayoritariamente la discriminación familiar y social por el hacinamiento durante la pandemia del Covid, y por lo tanto requiere de espacios para sobrevivir la crisis.
Lo que se esperaba de este gobierno desde el inicio era que con el andamiaje legal e institucional que se construyó desde 1997, cuando iniciaron los gobiernos de izquierda, y que legislaron e hicieron políticas públicas incluyentes, la actual administración fortaleciera esos logros y desde el primer día de su mandato los capitalizara en favor de las ciudadanías sexo diversas.
El gran enojo del activismo por lo sucedido seguramente generará más protestas y la obligada reparación de daños ocasionados por el gobierno capitalino contra este grupo social.
Se espera que a mitad de sexenio ya se deje de improvisar y simular con discursos incluyentes sin que éstos correspondan con acciones reales y contundentes en favor de todas las poblaciones.
