Por Gerardo Sánchez Guadarrama
Existen Estados influenciados por la ley islámica que castigan con pena de muerte la Diversidad y también hay democracias occidentales y laicas donde el crimen de odio por LGBTfobia va en aumento.
Uno de los temas pendientes y urgentes en la agenda LGBTTTI a nivel mundial es la de proteger la vida de este sector, pues por un lado existen Estados influenciados por la ley islámica que castigan con pena de muerte a la Diversidad; pero también hay democracias occidentales y laicas donde el crimen de odio por LGBTfobia va en aumento.
Afganistán está en la mira de la sociedad global a propósito del regreso de la agrupación militar fundamentalista islámica: El Talibán. Hemos visto a través de las redes sociales la manera en que la población afgana desea escapar del territorio. Son imágenes que quitan el sueño. Y es que la preocupación por el retorno de este grupo responde, entre otras cosas, al riesgo de violencia mortal que se impone en contra de mujeres, pero también de población LGBT+.
En esta coyuntura cabe señalar que no sólo en Afganistán existe la persecución y amenaza letal en contra de la población LGBTTTI desde el Estado, de hecho, está presente en aquellos países donde -en mayor o menor medida- influye La Sharia, o también la denominada ley islámica; en la toma de las decisiones para impartir justicia.
La International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersexual Association (ILGA por sus siglas en inglés) reportó en 2020 en su informe Homofobia de Estado: Actualización del Panorama Global de la Legislación * que “tenemos la plena seguridad jurídica de que la pena de muerte es el castigo prescrito legalmente para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en seis Estados Miembros de Naciones Unidas, a saber: Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (sólo 12 Estados del Norte) y Yemen”.
Por otra parte, ILGA también reconoció que “podría potencialmente imponerse la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, pero en los que hay menos certeza jurídica al respecto” en Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia (incluida Somalilandia).
El estatus que se presenta líneas más arriba invita a reflexionar sobre el actuar tóxico del Estado y su sociedad hacia la Diversidad Sexual, un hecho profundamente condenable, aunque lo instruya un dogma religioso. Por otro lado, es evidente la incapacidad de las instituciones internacionales para intervenir en este tipo de contextos, que, sin violar la libre determinación de los pueblos, eventualmente podrían asumir una actuación importante para evitar la pérdida de vidas humanas en manos de sistemas político-religiosos tan intolerantes.
Por último, habría que hacer una revisión lúcida, honesta, libre de fobias o filias políticas, pero sobre todo congruente a la agenda pendiente para población LGBT+ en países donde a pesar de no haber influencia islamista existe un riesgo mortal para ellas, ellos y elles.
En América Latina, por ejemplo, no sólo se tiene identificado al crimen de odio por LGBTfobia como un delito que va en aumento, sino también se sabe que los prejuicios de quienes conforman el aparato de gobierno (jueces, policías y/o creadores de leyes) alimenta la omisión, así como la simulación para perseguir y castigar a los responsables, luego entonces se convierte en un fracaso la erradicación de este tipo de crimen y se estaría de frente a la posibilidad de ser sociedades espejo a contextos donde gobierna el poder Talibán.
Fuente: politica.expansion.mx
