En el contexto del Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA, un conglomerado de personas activistas y representantes de la sociedad civil en México emitieron un pronunciamiento público para hacer frente a una crisis que afecta a las personas viviendo con VIH.
El grupo, formado por personas que conviven con la enfermedad y diversas organizaciones, se expresó con contundencia contra lo que describieron como un desabasto crítico de medicamentos antirretrovirales y un abandono institucional por parte de CENSIDA y funcionarios de la Secretaría de Salud.
El pronunciamiento tuvo como objetivo visibilizar las consecuencias de la falta de insumos y la discriminación hacia las personas con VIH y sida. Las personas u organizaciones firmantes denunciaron la criminalización de la protesta social y la estigmatización que sufren los activistas por parte de funcionarios públicos. A través de su voz colectiva, argumentaron que la lucha por los derechos humanos no debe confundirse ni equipararse con actos de violencia.
Las organizaciones, firmes en sus posturas, presentaron una lista de exigencias claras. Pidieron el cese inmediato del desabasto de medicamentos en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, así como el aseguramiento de un acceso eficiente y digno a servicios de salud sin estigmatización ni discriminación.
Además, las personas activistas demandaron la creación de un plan nacional de prevención en salud sexual que sea eficaz y que se elabore en colaboración con las poblaciones clave y la sociedad civil. Este plan debería incluir indicadores de seguimiento y evaluación alineados con los acuerdos internacionales.
El comunicado también incluyó un llamado al alto inmediato a la persecución de activistas y al silencio institucional ante las demandas legítimas de las poblaciones vulnerables. Los participantes defendieron su derecho a protestar y afirmaron que no retrocederán en la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH y sida en México.
Este encuentro de voces y demandas refleja una sociedad civil activa y comprometida que, lejos de ceder ante las adversidades, reivindica su poder de acción y voz frente a las autoridades para instaurar un cambio real y efectivo en la política de salud y derechos humanos en el país.
