El defensor de derechos humanos y activista gay, Edgar Treviño Montes, informó que fue admitida su queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) contra la regidora Marcia Raquel Bañuelos Macías y su asistente, la pastora Judith Urióstegui Figueroa, derivado de hechos ocurridos durante sesiones públicas en el salón de cabildo de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta.
De manera paralela, Treviño Montes confirmó la presentación de una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en la que se solicita investigar posibles faltas administrativas, relacionadas con trato indebido, abuso de funciones, falta de diligencia y violación a los deberes del servicio público, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación estatal aplicable.
Uno de los elementos centrales de las quejas es el contacto físico hostil y no consentido ejercido por la regidora Marcia Bañuelos en un recinto institucional, hecho que no se encuentra controvertido, ya que fue reconocido expresamente por la propia servidora pública en su informe circunstanciado.
Este acto, ocurrido en un contexto de asimetría de poder, constituye una afectación directa a la dignidad humana, con un impacto diferenciado tratándose de una persona defensora de derechos humanos y miembro visible de la comunidad LGBT+.
A estos hechos se suman conductas de hostigamiento, trato degradante, expresiones ofensivas y restricciones indebidas al ejercicio de la participación ciudadana, las cuales se encuentran documentadas mediante pruebas audiovisuales, documentales y testimoniales que forman parte de los expedientes en trámite.
Treviño Montes subrayó que los hechos deben analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación, particularmente considerando antecedentes de discursos estigmatizantes y de rechazo hacia la población LGBT+ por parte de las servidoras señaladas, lo que refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva.
Asimismo, destacó el contraste entre más de dos décadas de trabajo en la defensa de los derechos humanos y de las personas LGBT+, frente a un breve periodo de ejercicio público por parte de las servidoras señaladas, durante el cual ya se han acumulado múltiples quejas y señalamientos, tanto en materia de derechos humanos como administrativa, además de antecedentes de propagación de discursos de odio hacia poblaciones históricamente discriminadas.
Finalmente, reiteró que continuará utilizando las vías legales e institucionales para exigir el esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y la adopción de medidas de no repetición, con el fin de proteger el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las personas LGBT+ en el ámbito municipal.
