La comunidad LGBTQ+ en Guadalajara, representada por colectivas y Unión Diversa de Jalisco a.c, ha emitido un comunicado importante tras la reciente aprobación en la Cámara de Diputados Federal de medidas contra las llamadas “terapias de conversión” o ecosig.
Esta legislación, que tipifica estas prácticas como delitos en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, es un hito en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Las “terapias de conversión”, condenadas por organismos como la OPS y la OHCHR, se basan en la falsa creencia de que la orientación sexual o identidad de género pueden y deben ser cambiadas.
Estas prácticas, ahora equiparadas a la tortura, han sido una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas.
Aunque la aprobación federal es un gran avance, la comunidad en Jalisco señala que la legislación estatal actual, que solo contempla sanciones económicas, es insuficiente.
Una vez que el Senado de la República apruebe la nueva ley, será necesario que el Congreso de Jalisco y el Gobernador la homologuen para evitar la violación de derechos humanos de las poblaciones diversas.
El comunicado también aborda la preocupación sobre los llamados centros de rehabilitación, donde se han documentado estas malas prácticas. Las colectivas y Unión Diversa de Jalisco a.c. exigen regulaciones más estrictas para estos centros, incluyendo el cumplimiento de normas de COFEPRIS y la obtención de licencias municipales.
Los colectivos proponen que se exija a estos centros la presentación de avisos de centro de rehabilitación, de médico encargado y de psicólogo encargado.
Además, hacen un llamado a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que tomen medidas urgentes de regulación, tanto para los centros establecidos como para aquellos que operan clandestinamente.
La asociación ha recibido quejas recurrentes sobre estos centros, incluyendo casos de desapariciones y violaciones de derechos humanos. Por ello, exigen a las autoridades permitir el acceso a colectivas de búsqueda en estos centros, como en el reciente caso en Arandas.
Finalmente, el comunicado demanda al Congreso del Estado de Jalisco y a los ayuntamientos que se tomen medidas para frenar las violencias físicas, morales y psicológicas perpetradas en estos centros, protegiendo así a todas las poblaciones, especialmente a la diversidad sexual del Estado.
