En un notable avance para la protección de los derechos de la comunidad LGBT+, la Comisión de Justicia en Guanajuato ha puesto en marcha iniciativas de reforma al Código Penal, estableciendo mecanismos de protección contra prácticas discriminatorias y violentas, como las terapias de conversión y los delitos por prejuicio de género.
Este movimiento legislativo, en un estado donde la discusión sobre derechos LGBT+ ha sido históricamente conservadora, representa un cambio significativo hacia el respeto y la inclusión.
La propuesta busca sancionar cualquier intento de modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, abarcando actividades que van desde financiar hasta impartir dichas terapias.
Asimismo, se contempla una reforma a la Ley de Salud del Estado, que penalizará los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión. El objetivo es claro: prevenir y sancionar estas prácticas que menoscaban la libertad y la dignidad humana.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en un punto crítico de análisis y revisión. La Comisión de Justicia ha solicitado la opinión de instancias como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Coordinación General Jurídica.
Se ha establecido un plazo de cinco días hábiles para recibir sus valoraciones y, con la anuencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, procederán a una reunión detallada con las autoridades previamente consultadas.
Este es un paso más hacia la consolidación de una sociedad que respeta y celebra la diversidad. Los ojos de la comunidad y los defensores de los derechos humanos están puestos en Guanajuato, esperando que estas reformas se cristalicen en leyes efectivas que garanticen el bienestar y los derechos de la comunidad LGBT+.
