Los regímenes jurídicos que no reconocen la identidad de género y criminalizan la atracción entre personas del mismo sexo, perpetúan culturas de intolerancia, dañan, silencian y marginan a las personas, señaló Roberta Clarke, comisionada y relatora especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Al participar en el lanzamiento del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans, Clarke aseguró que los Estados deben crear las condiciones para que las prioridades e intereses de la diversidad sexual estén representados en la agenda pública.
Subrayó que la participación en los procesos políticos es un medio para garantizar una gobernanza responsable de la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de las personas LGBTTTI.
Indicó que ese organismo ha reiterado que la participación efectiva de las personas LGBTTTI es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, políticas y programas orientados a mejorar las condiciones para el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y la realización de sus proyectos de vida.
La relatora de la CIDH sobre los derechos de las personas LGBTTTI agregó que la participación es fundamental para la salud de las democracias, pues a través de ella se influye en el cambio social y se garantiza que los intereses de todos, especialmente de aquellas personas marginadas debido a su estatus social o identidad, se entiendan y den forma a la asignación y uso de recursos.
Por medio de un mensaje videograbado, la comisionada aseveró que la participación de las personas LGBTTTI fortalece la democracia, promueve la inclusión, y es una condición necesaria para garantizar sociedades más igualitarias y consolidar la democracia representativa en las Américas. “En otras palabras, nada sobre nosotros sin nosotros”.
- Fomentar ciudadanía plena y difundir información, objetivos del Observatorio
El Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans fue lanzado en Bogotá, Colombia, y tiene como objetivo ser una estructura liderada por personas trans para recopilar, procesar y difundir información que contribuya al seguimiento y promoción de estos derechos de las personas trans.
Esta iniciativa conjunta del Grupo de Acción y Apoyo de Personas Trans (GAAT), Caribe Afirmativo, y la Misión de Observación Electoral, busca fomentar la ciudadanía plena de las personas trans en la construcción de sociedades incluyentes y equitativas en los países de la región.
En el lanzamiento participó Rebeca Garza, activista trans mexicana integrante de la organización civil Queretrans, quien destacó algunas de las recomendaciones trabajadas por el Observatorio y dirigidas a las autoridades electorales de la región y que tuvieron como base los protocolos trans implementados en México en 2018, en Colombia en 2019, y en Perú en 2020.
Entre ellas, destacó disponer protocolos que detallen mecanismos, acciones, medidas e instrucciones dirigidas a garantizar el derecho al voto de las personas trans en los procesos electorales y en los diferentes mecanismos de participación ciudadana local, regional y nacional.
Calificó como necesario impulsar campañas dirigidas a las instituciones y a la ciudadanía para garantizar el derecho al voto de las personas trans, así como difundir los protocolos en los medios de comunicación masiva, redes sociales y lugares en donde se capacitará al funcionariado electoral, así como en los sitios donde se ubiquen las mesas de votación.
La también integrante del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, llamó a los Estados a participar en la elaboración de los protocolos a través de autoridades especializadas en la defensa de los derechos humanos, así como a emitir informes institucionales sobre su implementación y eficacia dentro de los comicios. “No es suficiente lanzar protocolos sino se le da seguimiento, evaluación y reconstrucción permanente”.
En el lanzamiento participaron activistas trans de México, Perú, Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Chile, Panamá, Honduras, Nicaragua. Entre ellas Diane Pérez, de Ecuador; y Ari Vera, de México, así como la representante de la embajada de Suecia, y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López.
Cabe recordar que en México, en mayo de 2017, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de su Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, propuso al Instituto Nacional Electoral (INE), a modificar el marco normativo de los procesos electorales para garantizar el derecho al voto de las personas trans.
La propuesta primigenia subrayaba que la identidad de género no debía ser motivo de exclusión de las ciudadanías diversas de la vida democrática del país. Finalmente, tras mesas de trabajo con organizaciones civiles y expertos en la materia, en diciembre de 2017, el INE aprobó el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”, mismo que se aplicó en el proceso electoral del año siguiente.
