El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó en pleno Día de la Mujer una ley que endurece las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.
La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”. En la ley actual la pena máxima es de tres años.
El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta, delito considerado como un “aborto calificado”.
En Guatemala solo está permitido el denominado aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, que ahora tendrá un mayor control, según la nueva ley.
La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.
Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.
Esto, porque los diputados que la impulsaron consideran que hay “grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca” que proponen “modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz”.
“Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio”, añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Hernández añadió que la ley provocará el “estigma” y la “intolerancia” hacia las personas diversas que podría llevar a “crímenes de odio”. “A todas luces (la ley) es inconstitucional”, precisó.
Tras la aprobación, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que la ley “viola” convenios internacionales suscritos por Guatemala, y anunció una batalla para que sea declarada ilegal por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país.
