En respuesta al trágico fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, le Magistrade, y su pareja Dorian Nieves, ha surgido una iniciativa de ley que busca de combatir los crímenes de odio motivados por orientación sexual o identidad de género.
La Ley Ociel Baena busca identificar, definir y aplicar la pena máxima para este tipo de delitos, considerándolos como factores agravantes. La propuesta ha sido impulsada por la Diputada Federal Salma Luévano Luna, en colaboración con la Sociedad Civil y Colectivas de la Diversidad Sexual y de Género.
La necesidad de una reforma legal:
La propuesta consiste en la adición del artículo 315 Ter al Código Penal Federal, con el objetivo de establecer una pena máxima para los crímenes de odio. La triste realidad es que los delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género aún prevalecen en nuestra sociedad, y es necesario contar con un marco legal que los combata de manera efectiva.
Respaldo internacional:
Diversos organismos internacionales han expresado su apoyo a esta iniciativa, reconociendo la necesidad de considerar los crímenes motivados por orientación sexual e identidad de género como factores agravantes. Este respaldo internacional refuerza la importancia de abordar esta problemática y trabajar en la implementación de medidas que promuevan la igualdad y la justicia.
Proyecto de Decreto:
El proyecto de decreto propone la adición del artículo 315 Ter al Código Penal Federal, estableciendo una pena de 40 a 60 años de prisión para los homicidios motivados por orientación sexual, identidad de género u otros factores relacionados. Esta medida busca enviar un mensaje claro de que los crímenes de odio no serán tolerados en nuestra sociedad y que se aplicarán sanciones severas a quienes los cometan.
Criterios para inferir la motivación por crimen de odio:
La Ley Ociel Baena establece también criterios para inferir la motivación por crimen de odio. Estos criterios permitirán a las autoridades identificar y juzgar de manera adecuada los casos en los que la orientación sexual o la identidad de género hayan sido factores determinantes en la comisión del delito. Esto contribuirá a garantizar que se haga justicia y se apliquen las penas correspondientes a los responsables.
