El escenario de la salud pública mexicana se encuentra turbulento. Esta semana se ha visto sacudida por la divulgación de una “carta de respaldo” al titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes-Terán.
El respaldo a Reyes-Terán emerge en medio de una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, que sigue la pista de una acusación de desvío de recursos relacionada con el protocolo B03-16.
Este protocolo, llevado a cabo desde 2016 por el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas (CIENI), ha tenido como objetivo la extracción de ganglios linfáticos -una importante sede de replicación del VIH- en jóvenes pacientes recién diagnosticados, cuyas muestras son enviadas a Estados Unidos.
Las repercusiones éticas de esta investigación, que ya ha recaudado 10.3 millones de pesos (mdp) y enviado 600 ganglios, son un asunto que ha suscitado preocupación en la comunidad científica y está a punto de convertirse en un escándalo internacional.
A pesar del alto valor científico que podría representar la colaboración con universidades reconocidas como University of Pennsylvania, George Washington University y Cornell University, el “protocolo de ganglios” no ha obtenido el aval de la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética).
Además, las críticas no se han hecho esperar, ya que se cuestiona la limitada participación de los investigadores mexicanos en el estudio, que se ha restringido a la recolección de muestras.
Esta controversia ha abierto un debate sobre la discrecionalidad en los centros de atención de alta especialidad y demanda respuestas claras, tanto para la comunidad científica como para el público en general.
Es crucial mantener un enfoque ético y transparente en la investigación, especialmente cuando están en juego la salud y los derechos de los pacientes.
