Las organizaciones civiles se enfrentan a una tarea crucial y desafiante: defender los derechos de las personas LGBTI+ privadas de la libertad.
Es vital capacitar y sensibilizar con argumentos legales y de derechos humanos al personal en centros penitenciarios, asegurar el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y elaborar un protocolo de reinserción social, mencionaron activistas comprometidos con la causa.
Andrea Luna, del Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir, destacó que los programas de reinserción social actuales carecen de seguimiento y no proporcionan las herramientas necesarias para que las personas LGBTI+ que recuperan su libertad puedan acceder a una mejor calidad de vida.
En el contexto del II Congreso Internacional de Trabajo a Favor de las Personas LGBTI+ Privadas de Libertad, hizo un llamado a las organizaciones para reconocer el trabajo mutuo y la importancia de la unión.
Es notable recordar que hace tres años, esta organización logró un hito al realizar la Primera Marcha del Orgullo LGBTI+ en el Penal de Santa Martha Acatitla. Un acto que sentó un precedente y que ahora se replica en otros centros penitenciarios del país. Este logro requirió de grandes esfuerzos, incluyendo la sensibilización a personal de estos centros.
En una mesa de trabajo titulada “El papel de la sociedad civil en pro de las personas LGBTI+ privadas de la libertad”, Daniel Serrano de Rejil, director de Interculturalidad, Salud, y Derechos (INSADE), enfatizó el rol vital de las organizaciones civiles para denunciar violaciones a los derechos humanos en cárceles.
Durante la pandemia de Covid-19, su presencia fue especialmente importante al proveer insumos esenciales a las poblaciones penitenciarias, atendiendo necesidades que las autoridades no cubrían.
Otros participantes resaltaron las violaciones de derechos que enfrentan las personas LGBTI+ desde el momento de la detención, a menudo sin órdenes legales, haciendo indispensable la implementación de protocolos de actuación para custodios y trabajadores penitenciarios.
Por último, se subrayó la importancia de denunciar a los servidores públicos en caso de violación de derechos y se criticó la actitud de muchos en el sistema de reinserción que no creen en segundas oportunidades.
