La presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega, hizo un llamado para consolidar una política de no criminalización hacia las personas que viven con VIH en México. Para lograr esto, propuso la necesidad de reformar el Artículo 76 y derogar el Artículo 159 del código penal de la ciudad de México.
González de la Vega explicó que la criminalización del VIH es una práctica punitiva y sancionadora que viola los derechos humanos de las personas que viven con VIH/SIDA u otras infecciones de transmisión sexual.
“En México, los códigos penales a nivel federal y local aún conservan la tipificación del delito de “peligro de contagio”, lo que refleja el desconocimiento sobre el VIH y los prejuicios en torno a él”, dijo.
González de la Vega argumentó que la validez de este tipo penal solo estigmatiza y criminaliza a las personas que viven con VIH/SIDA u otras infecciones de transmisión sexual.
La presidenta del COPRED destacó que legislar el “riesgo o peligro de contagio” para su sanción no promueve cambios de comportamiento ni previene nuevas infecciones, sino que conlleva un impacto negativo en la garantía de derechos humanos y la salud pública.
Además, González de la Vega señaló que para prevenir la discriminación por VIH/SIDA se requiere coordinación y colaboración entre diversos actores para influir en las determinantes sociales que favorecen la adquisición del VIH.
Entre las barreras que existen en la detección y atención del VIH, González de la Vega mencionó el miedo a un resultado positivo de la prueba y el futuro estigma relacionado con el VIH, así como la criminalización de ciertas prácticas como las relaciones sexuales sin condón o el uso de sustancias.
Agregó la negación de servicios de salud, las actitudes negativas hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la divulgación del estado serológico sin consentimiento y la falta de apoyo familiar y de redes sociales.
Por todo lo anterior, González de la Vega consideró urgente la derogación del delito de “peligro de contagio” por parte del Congreso de la Ciudad de México, ya que su vigencia perpetúa la criminalización y estigmatización hacia las personas que viven con VIH.
