El Congreso de Guatemala, controlado por oficialistas conservadores, archivó el martes una polémica ley que contemplaba el endurecimiento de las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual, en medio de reclamos de organismos de derechos humanos y a pedido del propio presidente.
“El Pleno del Congreso de la República de Guatemala acepta las observaciones al decreto [enviadas por varios diputados], y se traslada al archivo”, informó el Parlamento.
La norma, aprobada la semana pasada por amplia mayoría, penalizaba con hasta 10 años de cárcel a la mujer que abortara y modificaba el Código Civil para prohibir expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
También restringía la enseñanza escolar sobre diversidad sexual. La propuesta, ahora archivada, consideraba que “grupos minoritarios” proponían “modelos de conducta y de convivencia distintos al del orden natural del matrimonio y la familia” y amenazaban “el equilibrio moral” de la sociedad.
Este martes, “la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no dio la palabra para discutir las objeciones” contra la norma, “les da vergüenza reconocer que teníamos razón y que ellos se equivocaron (…) En fin, lo bueno es que el decreto se archivó”, dijo la legisladora Lucrecia Hernández, de la bancada minorista de centroizquierda Semilla.
Hernández había dicho anteriormente que la norma propuesta se prestaba a la criminalización de los abortos espontáneos y discriminaba a las personas LGBTI.
La cuestionada reforma había sido aprobada el 8 de marzo, en la antesala del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, impulsado por una organización religiosa conservadora que declaró a Guatemala como “Capital Provida de Iberoamérica” y “luz” contra el aborto. Del acto participó el presidente Alejandro Giammattei.
