Integrantes de la comunidad LGBTTTI de Guanajuato obtuvieron un amparo que obliga al congreso local a otorgar un presupuesto obligado y especial para garantizar los derechos de las disidencias sexogenéricas.
La organización Amicus, que vela por los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, obtuvo el amparo 156/2022 que ordena una partida presupuestal para impulsar procesos y proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Esto quiere decir que los legisladores guanajuatenses tendrán que considerar la entrega de recursos económicos que serán usados para fomentar actividades para la comunidad.
Juan Pablo Delgado, director de Amicus, celebró en redes sociales la resolución del juicio y pidió a los integrantes del congreso de Guanajuato que tomen en cuenta las opiniones de la comunidad.
“Diputadas y diputados convóquenos a las personas LGBT de Guanajuato para diseñar este presupuesto en conjunto. Un gobierno ético es el que conforma un presupuesto escuchando todas las voces de su población”, señaló en un video compartido en Twitter.
