Distintos colectivos e integrantes de grupos poblacionales históricamente vulnerados y discriminados han presentado su inconformidad contra una iniciativa que pretende reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución.
Esta iniciativa, aseguran, implicaría graves amenazas a los derechos político-electorales y auténticas violaciones constitucionales y convencionales de las personas con discapacidad, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas migrantes y residentes en el extranjero y personas de la diversidad sexo-genérica.
En una carta enviada a los coordinadores parlamentarios de los partidos políticos y a los presidentes nacionales de los mismos, las organizaciones advierten que la iniciativa pretende despojar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de su propia naturaleza, la cual es salvaguardar la constitucionalidad de los actos de los partidos políticos y del propio Estado en favor de la ciudadanía y del respeto a sus derechos.
Afirman que, en caso de aprobarla, el Congreso de la Unión impediría, desde la propia Constitución, que el Tribunal Electoral pueda sancionar y obligar a los partidos y a las Cámaras a cumplir con la ley electoral, específicamente, en materia de acciones afirmativas reservadas para los grupos de población que, sin ellas, se enfrentan sistemáticamente a decisiones cupulares de exclusión y discriminación.
Recordaron que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han establecido acciones afirmativas desde 2017 para garantizar un plano de igualdad sustantiva en materia electoral.
“El principal efecto de estas acciones afirmativas fue asegurar que todos los partidos políticos nacionales tuvieran un número mínimo de personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexo-genérica en sus candidaturas al Congreso de la Unión”, explicaron.
También señalaron que el Tribunal Electoral se ha encargado de resolver los conflictos entre partidos políticos y estas acciones afirmativas, “de manera que las dirigencias nacionales se han visto emplazadas a respetarlas e incluso a repetir procedimientos para elección candidaturas, además de recibir sanciones por incumplir la normativa de cuotas efectivas”.
En su escrito, los colectivos e integrantes de grupos poblacionales históricamente vulnerados y discriminados defendieron el criterio garantista del Tribunal Electoral el cual estableció que, en un Estado democrático constitucional, no hay justificación para la exclusión y la discriminación.
“(El Tribunal) Concluyó que es constitucional, convencional y legalmente necesario garantizar que las personas integrantes de grupos excluidos, subrepresentados e invisibilizados accedan efectivamente y en condiciones de igualdad a sus derechos de participación política, partiendo de la concepción positiva del derecho a la igualdad y a través de enfoques diferenciados”, subrayaron.
Por ello, las organizaciones firmantes de la carta exigieron que se retiren aquellas propuestas legislativas que atentan directamente contra sus derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, todo bajo el contexto del derecho a la representación política sustantiva de sus comunidades.
El Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C., el Colectivo de Personas con Discapacidad, Educación Especial Hoy, Empodera T CDMX, la Federación Nacional de Sordociegos de México A.C., la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad (FINDEDIS) A.C., LGBT+ Rights México, el Movimiento PcD, Mano Amiga de la Costa Chica A.C., la Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Visual A.C. (RENAC), YAAJ México y Yo También, Discapacidad con todas sus letras, son las organizaciones que han sumado sus voces para hacer un llamado a la sociedad y a las autoridades para que se respeten y promuevan los derechos de estas comunidades vulnerables.
Los destinatarios de la misiva fueron los diputados Rubén Moreira Valdez (PRI), Ignacio Mier Velazco (Morena), Jorge Romero Herrera (PAN), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Alberto Anaya Gutiérrez (PT), Luis Espinosa Cházaro (PRD), así como los dirigentes partidistas Mario Delgado Carrillo (Morena), Marko Cortés Mendoza (PAN), Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), Karen Castrejón Trujillo (PVEM) y Jesús Zambrano Grijalva (PRD).
