Jonás Larios Deniz, doctora en Educación y primera académica trans de la Universidad de Colima, comenzó su proceso de transición en 2019, después de 25 años de trayectoria profesional y con la seguridad que le otorgaba su definitividad como profesora de tiempo completo e investigadora en esa institución.
Su historia, relata, no es de expulsión o exclusión en su trabajo, pero “es válido decir cómo fue y qué pudo haber pasado”. Por eso, promueve ante el Congreso de Colima la iniciativa de cupo laboral trans que la Coalición LGBTTTI+ impulsa a nivel nacional, para lograr que el Estado destine un 3% de espacios laborales en el servicio público a personas trans.
Como conclusión del “Diagnóstico situacional sobre violencia laboral para personas trans en México”, que la coalición presentó a finales de marzo, se plantea la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo, en su apartado B, para mencionar la inclusión laboral trans y no binaria.
Aunque la doctora Jonás se considera afortunada por haber contado con un bagaje económico y social que permitió que su transición tardía, como ella la llama, fluyera de mejor manera, recuerda: “Sí hubo momentos de crisis donde yo decía: ‘Si no, ya no quiero estar en este mundo’; claro que yo no había vivido violencia manifiesta, pero esa violencia invisible, permanente, estaba en el entorno laboral, pero no pasaba de manera declarada”.
Era un tipo de violencia que notaba cuando la hormonización le provocaba cambios emocionales ante los que algunos compañeros mostraban incomodidad pero no empatía, cuando se sentía en un “limbo” en el que las mujeres no la veían como tal y los hombres tampoco, o cuando se enfrentó a que nadie celebrara o, incluso, le cuestionaran al decir “soy mujer”.
Al igual que ella, 41% de las personas trans cuenta con estudios superiores, pero la mayoría, a diferencia de la doctora Jonás, tienen pocas oportunidades de emplearse: dos de cada tres no tienen experiencia laboral, de acuerdo con el diagnóstico.
Las personas entrevistadas en el documento manifestaron nula oportunidad para recibir capacitación para el trabajo por parte de sus empleadores, así como falta de recursos económicos para continuar con su preparación educativa formal, situación que se agudizó con la pandemia por COVID-19: el confinamiento incrementó sus gastos y disminuyó sus ingresos, cuando no significó la pérdida de empleo por el cierre de negocios.
Desempleo, consecuencia de desigualdades históricas
Las personas trans y no binarias padecen tasas de desempleo superiores al promedio nacional, o son orilladas a aceptar empleos que no corresponden a su nivel de estudios y de escasa remuneración, cuando no son colocadas dentro de una narrativa social mediante la que se piensa que los únicos espacios donde pueden desarrollarse son la estética o el trabajo sexual —al que se dedica entre 60% y 70% de ellas—, explica en entrevista Amaranta Gómez Regalado, de la Junta de Gobierno de la Coalición LGBTTTI+.
“Ambas cosas pueden ser dignas en tanto trabajo; sin embargo, no pueden seguir siendo las únicas opciones como destino de vida para las personas trans”, aclara. “Son poblaciones que poco se mencionan pero que son parte de toda una realidad ausente y no nombrada, y cuyos derechos han sido históricamente vulnerados”.
Prueba de ello, recuerda, es que su esperanza de vida es de 35 años, mientras que la media nacional va de 72 a 78. “En México, la mayoría de las personas trans vive en contextos de pobreza, discriminación, violencia, exclusiones, y hay una línea de exclusiones históricas: la de la familia, a muy temprano tiempo, o la deserción escolar desde la primaria o secundaria, cuando se decide vivir una identidad o asumir una vestimenta”, subraya.
