Por DHyDS-PRD.- Integrantes del colectivo LGBTTTI exigieron castigar el transfeminicidio de Mireya Rodríguez Lemus, cuyo responsable fue exonerado el pasado 8 de julio, acto con el que dijeron, el Poder Judicial asesinó una vez más a las mujeres transgénero de Chihuahua y de todo el país.
En conferencia de prensa, Mayté Regina Gabriel, presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses expresó que con la puesta en libertad del transfeminicida, los jueces demeritaron la presentación de al menos 60 pruebas contundentes y pusieron en jaque al sistema de impartición de justicia de Chihuahua.
Al subrayar que los magistrados sólo analizaron 11 de las 60 pruebas presentadas, Regina Gabriel apuntó que más allá de una disculpa pública, el activismo y la familia de Mireya Rodríguez exigen que el transfeminicida sea llevado a prisión.
Indicó que a casi dos años del transfeminicidio, el activismo LGBTTTI no dejará de exigir justicia en un caso en el que los jueces han demeritado la presentación de pruebas como el hallazgo de prendas de vestir con sangre de la víctima o el testimonio del comprador del auto de Mireya Rodríguez, cuyo asesino robó y posteriormente vendió.
Por su parte, la abogada Laura Hernández definió como un hecho inédito que las mujeres trans que testificaron de manera protegida en el juicio hayan sido consideradas como víctimas indirectas del delito, y denunció que, de los 65 testimonios, los jueces únicamente consideraron 10, en tanto que de las 55 pruebas documentales únicamente retomaron una.
En torno a la redacción de la sentencia, Hernández García apuntó que prevalecen los prejuicios que colocan a la víctima en una situación de desventaja. A su vez, Jesús Rodríguez Olivas, padre de la víctima, exigió justicia y pidió a los jueces hacer valer las vidas humanas.
Al respecto, Alejandro Brito, director de la organización civil Letra S, destacó la ausencia de cifras oficiales sobre los asesinatos de personas LGBTTTI, que tan sólo en 2021, de acuerdo con su conteo, alcanzó la cifra de 78 muertes violentas de personas de estas poblaciones, y de las cuales 55 fueron de mujeres transgénero.
Indicó que, de acuerdo con su organización civil, en 2021, en Chihuahua se registraron seis muertes violentas de personas LGBTTTI, de las cuales, al menos tres eran mujeres transgénero o transexuales, y agregó que de 2017 a 2021, en esa entidad se registraron 44 muertes violentas de personas de la diversidad sexual, de las cuales, el 57 por ciento, es decir, 25, eran mujeres transgénero.
“La mayoría de estos casos quedan en la impunidad, cuando hay detenidos los jueces fallan a favor de los culpables. La impunidad de los transfeminicidios es cercana al 100 por ciento”.
En tanto, la activista trans Roshell Terranova llamó a la sociedad civil a impugnar la decisión de los jueces, y a los medios de comunicación a solidarizarse en la visibilización de estos casos. “Debemos seguir haciendo ruido”.
La abogada transgénero Jessica Marjane Durán definió a los protocolos sobre impartición de justicia a las poblaciones LGBTTTI como “letra muerta”, pues no se ejecutan y solamente son una simulación en la impartición de justicia. En tanto que, Kenia Cuevas, directora de la Casa de las Muñecas Tiresias, llamó a cambiar un sistema de impartición de justicia que, no favorecido a la diversidad sexual, así como a visibilizar las fallas que afectan a estas poblaciones.
Mireya Rodríguez fue fundadora y presidenta de la Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, y fue encontrada sin vida el 2 de septiembre de 2020. Por este homicidio, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada acusó a Iván Arturo G.P., a quien el fallo de tres jueces dejó libre el pasado 8 de julio, decisión que activistas LGBTTTI de todo el país repudiaron por considerar que deja impune, a pesar de las pruebas presentadas, el crimen de Mireya Rodríguez.
