Ciudad de México, 5 de junio de 2026. Las acciones afirmativas, la jurisprudencia progresiva y la existencia de defensorías públicas especializadas fueron presentadas como algunos de los principales mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+ durante el segundo panel del II Encuentro Nacional para la Promoción de los Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQ+, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Moderado por la directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del TEPJF, Alejandra Montoya Mexia, el panel reunió a Fabiola Judith Espina Reyes, Elizabeth Olvera Vázquez y Aidé Macedo Barceinas, quienes abordaron tanto la evolución de los criterios jurisdiccionales como los mecanismos institucionales disponibles para la protección de los derechos de la diversidad sexual.
En su intervención, Fabiola Judith Espina Reyes, secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, expuso la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Electoral en favor de la población LGBTIQ+, recordando que la Constitución reconoce que todas las personas son titulares de derechos político-electorales sin importar su identidad o expresión de género.
Entre los precedentes más relevantes mencionó el llamado caso Muxe, que consolidó el criterio de que la autoadscripción de género es suficiente para acreditar la identidad de una persona y que las autoridades electorales deben adoptar medidas para facilitar la participación política de personas trans. También repasó las resoluciones que dieron origen a las acciones afirmativas conocidas como “cuotas arcoíris”, el reconocimiento de personas no binarias en procesos electorales y diversos criterios que han fortalecido la representación política de grupos históricamente discriminados.
No obstante, advirtió que las sentencias por sí solas no son suficientes y sostuvo que el principal reto sigue siendo transformar la cultura política y social para eliminar las resistencias y prácticas discriminatorias que aún enfrentan las personas LGBTIQ+.
Por su parte, Elizabeth Olvera Vázquez, titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, explicó el funcionamiento de esta instancia creada para brindar representación jurídica gratuita y especializada a poblaciones históricamente excluidas.
Recordó que originalmente la defensoría atendía exclusivamente asuntos de pueblos y comunidades indígenas, pero que posteriormente amplió sus atribuciones para incluir a personas afromexicanas, con discapacidad, juventudes, personas privadas de la libertad, residentes en el extranjero y población LGBTIQ+.
Olvera destacó que casos emblemáticos como el de las personas muxes marcaron un parteaguas para el reconocimiento de identidades diversas en el ámbito electoral y afirmó que las agendas impulsadas por la propia sociedad civil han sido fundamentales para construir nuevos criterios jurisdiccionales. También señaló que persisten desafíos como la simulación en el uso de acciones afirmativas y la violencia política contra integrantes de la diversidad sexual, por lo que llamó a fortalecer los mecanismos de protección y documentación de estos casos.
Finalmente, Aidé Macedo Barceinas, titular de la Defensoría Pública Electoral Especializada en Asuntos de Violencia Política en Razón de Género, explicó que esta área fue creada para atender de manera específica casos relacionados con violencia política y paridad, incluyendo aquellos que afectan a mujeres trans y otras integrantes de la población LGBTIQ+.
Subrayó que la violencia política no sólo implica agresiones abiertas, sino también exclusión de reuniones, negación de información, obstaculización del ejercicio del cargo, ridiculización pública o cualquier conducta que limite el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales.
Durante su exposición invitó a las personas asistentes a acercarse a la defensoría, recordó que brinda servicios gratuitos de orientación, asesoría y representación jurídica especializada durante las 24 horas del día y enfatizó que la democracia no puede considerarse plena mientras existan sectores históricamente discriminados que enfrenten barreras para ejercer plenamente sus derechos políticos.
Al cierre del panel, Alejandra Montoya Mexia destacó que muchas de las acciones impulsadas por el Tribunal Electoral han surgido precisamente del diálogo permanente con organizaciones y activistas de la diversidad sexual, y sostuvo que las voces de la comunidad han sido determinantes para construir nuevas herramientas institucionales de acceso a la justicia y participación política.
