Cancún, Quintana Roo, México – En un movimiento significativo hacia la protección de los derechos humanos, el Congreso del Estado de Quintana Roo ha aprobado una iniciativa para la prohibición de los “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (ECOSIG), comúnmente conocidas como “terapias de conversión”.
Este importante paso fue celebrado por varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Círculo Social Igualitario, A.C., Unidos Ayudando por Cancún, A.C., y muchas otras.
La propuesta, presentada en noviembre de 2022 por colectivos y organizaciones con trabajo en derechos humanos, fue analizada y aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo.
La iniciativa busca sancionar acciones que intenten cambiar la orientación sexual o la identidad de género de personas homosexuales, bisexuales y trans hacia una normativa de “heterosexualidad binaria cisgénero”.
El término “ECOSIG” es preferido sobre “terapias de conversión” para evitar validar estas prácticas como terapias legítimas y porque no pertenecen a la medicina o psicología formal. Estas prácticas incluyen sesiones psicológicas, psiquiatría, religiosas y pláticas académicas, entre otras.
Esta resolución en Quintana Roo sigue el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos, sin distinción. A pesar de esto, la violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género aún ocurren globalmente.
Con esta aprobación, Quintana Roo se une a otros 15 estados en México que han prohibido estas prácticas, que van en contra del desarrollo de la libre personalidad. Actualmente, una modificación similar al Código Penal Federal está pendiente de votación en el Senado de la República.
Las sanciones incluidas en la iniciativa varían desde dos a seis años de prisión y multas significativas. Las sanciones se incrementan en casos involucrando menores, personas mayores, personas con discapacidad o quienes no comprendan los hechos. En algunos casos, se aplicarán sanciones de amonestación y trabajo comunitario, y se notificará al juez competente en materia familiar.
Este delito se perseguirá de oficio en casos específicos, mientras que en otros será por querella. Con esta legislación, se espera fomentar la libertad individual y la salud mental positiva, asegurando que la justicia y la libertad sean para todas las personas.
