Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), así como otros solicitantes de asilo que huyen de la persecución en sus países de origen, experimentan condiciones abusivas y peligrosas en México cuando se les impide cruzar la frontera para solicitar asilo, señaló en el día de hoy Human Rights Watch.
Dos políticas implementadas por el gobierno del expresidente Donald J. Trump —los Protocolos de Protección de Migrantes, comúnmente conocidos como programa de “Permanencia en México”, y la política de expulsión sumaria en virtud del Título 42— siguen siendo empleadas por la Administración Biden para bloquear el acceso al sistema de asilo a la mayoría de las personas que intentan cruzar a EE. UU. en busca de seguridad. Esto incluye a personas que se encuentran en mayor riesgo de sufrir daños en México debido a condiciones o identidades específicas —como su identidad o expresión de género, discapacidad y edad— y que deberían tener derecho a que se las exima de ser expulsadas. Las autoridades estadounidenses deben dejar de enviar a solicitantes de asilo a México o de expulsarlos a sus países de origen, y deben procesar con celeridad a las personas que esperan en la frontera para solicitar asilo y que se enfrentan a un riesgo particular de abuso.
“Estados Unidos debe restablecer el acceso al asilo para todas las personas, pero mientras se impida a Biden hacerlo, como mínimo debería utilizar de inmediato las exenciones existentes para solicitantes de asilo que se encuentren en riesgo, incluidas las personas LGBT”, sostuvo Ari Sawyer, investigadora sobre temas de la frontera estadounidense de Human Rights Watch. “Continuar expulsando de manera sumaria a solicitantes de asilo LGBT y VIH positivo a México o sus países de origen pone en grave riesgo sus vidas”.
Los protocolos del Gobierno de Estados Unidos prevén exenciones para los solicitantes de asilo que se encuentran en situación de mayor riesgo y el presidente Joe Biden ha prometido que los agentes estadounidenses aplicarán esas excepciones. No obstante, los agentes fronterizos gozan de una amplia discreción para otorgar o denegar exenciones y no hay consecuencias claras para los agentes que no las brindan, como tampoco existen controles para verificar que las exenciones se estén manejando de forma adecuada, concluyó Human Rights Watch.
A pesar del reconocimiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de que es posible que las personas LGBT se enfrenten a un “mayor riesgo de daño en México debido a su orientación sexual o identidad de género”, Human Rights Watch documentó casos en los que agentes fronterizos enviaron a solicitantes de asilo LGBT, incluidas personas con VIH, de regreso a México invocando políticas abusivas y contrarias al asilo.
Human Rights Watch llevó a cabo 29 entrevistas con solicitantes de asilo, organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes y funcionarios de organismos de las Naciones Unidas en abril y mayo de 2022, tanto en forma presencial como telefónica, en Ciudad Juárez y Ciudad de México, y en El Paso, Texas. Human Rights Watch realizó investigaciones en coordinación con Casa de Colores, una organización mexicano-estadounidense que trabaja para brindar refugio y servicios jurídicos a solicitantes de asilo de la comunidad LGBT.
Varios solicitantes de asilo LGBT refirieron a Human Rights Watch que habían sido expulsados incluso luego de haber expresado su temor a regresar y haberles dicho a los agentes fronterizos que se identificaban como LGBT, tenían VIH o habían sufrido abusos relacionados con su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. También describieron abusos graves durante el trayecto hasta la frontera, perpetrados incluso por funcionarios mexicanos.
Una mujer entrevistada huyó hacia Estados Unidos desde Honduras, donde había sido blanco específico de violencia por vivir abiertamente como mujer lesbiana, incluido un incidente en el cual una persona le hizo un corte en el rostro, que le dejó una cicatriz notoria. Cerca de la frontera de Estados Unidos, varias personas que, según creía, eran miembros de un cartel mexicano, la secuestraron y le sacaron fotos desnuda de manera forzada.
Relató que al explicarles a los agentes fronterizos de Estados Unidos que era una persona lesbiana procedente de Honduras que solicitaba asilo y que también había experimentado abusos en México, los agentes se rieron de ella. Según indicó, un agente le dijo: “No me importa lo que te está pasando”. Fue expulsada con destino a Honduras e, inmediatamente, huyó de nuevo hacia la frontera de Estados Unidos, pero, en esta ocasión, temía solicitar asilo por la posibilidad de ser retornada a Honduras.
Investigaciones anteriores de Human Rights Watch han puesto de relieve el riesgo de arrestos ilegales y arbitrarios, torturas, ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y desapariciones forzadas que enfrentan las personas LGBT en América Central.
A pesar de que la Administración Biden ha tomado medidas para poner fin al Título 42 y al programa de “Permanencia en México”, varios funcionarios estatales de Estados Unidos han entablado demandas en los tribunales federales, lo cual ha resultado en órdenes de que se mantenga la vigencia de los programas mientras estén en trámite los litigios.
El juez de un tribunal de distrito federal ha bloqueado temporalmente los intentos del gobierno de Biden de poner fin a la política de expulsiones, que se emitió en un primer momento al comienzo de la pandemia de Covid-19, contrariamente a lo recomendado por importantes expertos en materia de salud pública. No existen pruebas de que las personas que solicitan asilo representen una amenaza para la salud pública de Estados Unidos, y la política de expulsiones no puede justificarse invocando motivos de salud pública.
A pesar de que el Título 42 inicial fue emitido sin procedimientos de “notificación y comentarios”, que prevén un período para que el público formule observaciones, el juez consideró que el gobierno de Biden debería haber llevado a cabo estos procedimientos de consulta administrativa para poner fin al Título 42. Algunos legisladores estadounidenses han propuesto legislación que mantendría la vigencia de las expulsiones sumarias hasta que se levanten las medidas de salud pública por la pandemia.
Los solicitantes de asilo y otros migrantes enviados a México a menudo no pueden mantenerse o acceder a servicios básicos como alojamiento, alimentos, agua, transporte seguro o atención médica y carecen de vías de recurso significativas ante los abusos de los carteles delictivos o las autoridades mexicanas. En el estado mexicano de Tamaulipas, Human Rights Watch identificó que solicitantes de asilo y otros migrantes son elegidos sistemáticamente como blancos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros tipos de violencia, tanto por funcionarios gubernamentales como por delincuentes.
Las personas LGBT constituyen un grupo de solicitantes de asilo que se encuentra en particular riesgo, entre varios otros, incluidas las personas con discapacidades y problemas de salud crónicos, los solicitantes de asilo de comunidades negras e indígenas, los solicitantes que no hablan español como idioma nativo y las familias que viajan con niños y niñas.
Solicitantes de asilo LGBT y solicitantes de asilo con VIH también relataron haber sufrido instancias adicionales de discriminación y abusos, así como obstáculos para el acceso a servicios esenciales, incluidas terapias antirretrovirales que salvan vidas y atención médica que reafirma el género, servicios como los de atención sanitaria y de salud mental, continuación de tratamientos hormonales y otros servicios para personas transgénero y no binarias que resultan cruciales para su salud y bienestar.
Human Rights Watch solicitó al Instituto Nacional de Migración de México más información sobre denuncias realizadas contra agentes de inmigraciones. El organismo respondió el 31 de mayo y dijo que “no tiene conocimiento, ni antecedentes de los hechos declarados en entrevista por varios migrates y solicitantes de asilo, adicionalmente no cuenta con facultades para atender este tipo de denuncias,” y que la constitución mexicana prohíbe tal comportamiento.
Estados Unidos tiene la obligación de proteger a los refugiados para que no regresen a una situación en la que enfrentan el riesgo de persecución, malos tratos y amenazas contra su vida y seguridad, explicó Human Rights Watch. El presidente Biden debe asegurar que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de respetar el derecho a solicitar asilo.
“Los solicitantes de asilo LGBTQ+ y VIH positivos se enfrentan a serios riesgos para su salud y seguridad desde el momento en que abandonan sus países, a menudo luego de años de haber sido blanco específico de abusos, hasta que llegan a la frontera de Estados Unidos”, afirmó Susana Coreas, directora de Casa de Colores. “Biden se ha comprometido acertadamente a proteger a las personas refugiadas LGBTQ+. Debe hacer realidad esa promesa y asegurarse de que todos los solicitantes de asilo sean recibidos de manera digna en la frontera”.
Human Rights Watch dialogó con 20 solicitantes de asilo LGBT en Ciudad Juárez, México, que aspiraban a cruzar hacia Estados Unidos y tener la posibilidad de solicitar protección. Casi todos indicaron que no estaban acercándose a la frontera ni intentando solicitar asilo a funcionarios estadounidenses porque temían ser expulsados hacia México o a sus países de origen. Señalaron que preferían aguardar a que el gobierno de Biden restableciera el acceso al asilo o a recibir asistencia legal para presentar una solicitud de exención de la política sobre expulsión. Cuatro solicitantes de asilo refirieron haber sido expulsados previamente hacia México o su país de origen sin una evaluación de asilo.
Cuando Adolfo H. y Gerardo C., una pareja gay que escapaba de Cuba y El Salvador, respectivamente, y que, al igual que otros entrevistados, no son identificados con sus nombres verdaderos para su protección, intentaron solicitar asilo en la frontera de EE. UU. en febrero de 2022, fueron expulsados hacia México por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Customs and Border Protection, CBP). Previamente, habían sufrido extorsión en múltiples ocasiones por parte de agentes de inmigración mexicanos, quienes los interceptaron en diversos puntos de su viaje y les exigieron pagos para dejarlos continuar. En ese momento, aún no habían contraído matrimonio. Funcionarios estadounidenses dijeron a la pareja que Adolfo podía permanecer y solicitar asilo en Estados Unidos porque es cubano, pero que su pareja sería expulsada, a pesar de que los agentes fronterizos estaban facultados a permitir el ingreso de ambos hombres. En su lugar, les dieron la opción de ser separados o ser expulsados juntos. Indicaron que, mientras se encontraban bajo custodia, los funcionarios estadounidenses les dijeron que dejaran de tomarse de la mano o tocarse entre ellos. Ante la perspectiva de ser separados una vez más, contrajeron matrimonio en México, a la espera de que, si tenían otra oportunidad, se les permitiera solicitar asilo juntos.
- José M., un hombre gay que huyó de las amenazas de muerte que recibía en Honduras por su orientación sexual, contó haber intentado cruzar la frontera en marzo de 2021. Temía quedarse en México, donde refirió haber sufrido extorsiones y violencia por parte de policías mexicanos, así como discriminación en refugios. En su camino a la frontera, los agentes mexicanos de inmigración detuvieron el autobús en el que se desplazaba e hicieron descender a todos los pasajeros. Según relató, forzaron a cada migrante a pagar un soborno de aproximadamente USD 25 por persona bajo la amenaza de que, si no lo hacían, serían expulsados del país. También afirmó que, debido a su expresión de género y orientación sexual, algunos refugios no le permitieron quedarse, por lo que debió dormir en la calle. En Ciudad Juárez, quienes operan los refugios le dijeron que era pecado ser gay y que si él y otros solicitantes de asilo LGBT no asistían al servicio religioso, serían obligados a marcharse. Señaló haberles comunicado a los agentes fronterizos estadounidenses que era gay y que tenía miedo de ser enviado a México, pero horas después los agentes de la CBP lo enviaron a México. Antes de expulsarlo, los funcionarios de EE. UU. le hicieron desechar todo lo que tenía, incluidas las pocas vestimentas que llevaba consigo. Los agentes fronterizos de EE. UU. suelen desechar las pertenencias de los migrantes, incluidos artículos como medicamentos, mantas de bebés, documentos de identidad importantes, documentos necesarios para sustentar solicitudes de asilo y recuerdos que tienen valor sentimental, con el pretexto de que la práctica responde a motivos de salud y seguridad.
El gobierno de Biden también ha asignado recientemente a algunas personas LGBT al programa de Permanencia en México, según refirieron funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a Human Rights Watch, por lo que fueron enviadas a Ciudad Juárez a pesar de la exención prevista para personas LGBT y otras personas que corren un riesgo particular de abuso. La OIM administra un refugio para solicitantes de asilo recientemente expulsados o retornados donde se les realizan pruebas de Covid-19 y se los coloca en cuarentena antes de su paso a otros refugios. Los funcionarios de la OIM indicaron que se habían enviado a México solicitantes de asilo LGBT incluso después de que estos les comunicaran explícitamente su identidad de género u orientación sexual a los agentes fronterizos de EE. UU.
Abusos en el país de origen
Los solicitantes de asilo LGBT entrevistados refirieron serios abusos en sus países de origen, incluidas violaciones sexuales, agresiones, amenazas de muerte, extorsión y desapariciones forzadas o asesinatos de parejas sentimentales y amistades.
- Juan C., un hombre transgénero, huyó de Honduras luego de haber recibido amenazas de muerte relacionadas con su identidad de género y su activismo en una organización de defensa de los derechos de las personas LGBT. Afirmó que varias personas LGBT que conocía fueron asesinadas o desaparecieron allí. Asimismo, expresó que la policía lo detuvo sin cargos en varias oportunidades. En 2021, dos hombres los violaron a él y a su novia luego de preguntar: “¿Quién es el hombre y quién la mujer en la relación?”. También les dijeron que su condición de transgénero y lesbiana se debían únicamente a que no habían tenido sexo con un hombre. “Dijeron: ‘Vamos a hacerlas mujeres’”, relató Juan.
- Eduardo O., un hombre gay de Honduras, contó que huyó del país poco después de que miembros de una pandilla mataran a golpes a su pareja. Los miembros de una pandilla habían amenazado con matar a Eduardo con anterioridad. Luego, en junio de 2021, los mismos integrantes de esa pandilla los atacaron a él y a su pareja mientras se encontraban juntos. Si bien Eduardo pudo escapar, según relató, su pareja no lo logró. Afirmó haber denunciado el homicidio de su pareja a la policía, pero que no se llevó adelante una investigación.
- Kayla R., una mujer transgénero de Guatemala, dijo haber huido y solicitado asilo luego de que las pandillas que extorsionaban al negocio donde trabajaba la golpearan porque ella y el propietario de la tienda no habían podido pagar, y le dejaron cicatrices profundas en el rostro. En otra ocasión, miembros de una pandilla la golpearon en la calle mientras proferían insultos contra las personas LGBT. Le provocaron un corte que le dejó una gran cicatriz en la cabeza.
Discriminación y abusos en México
Human Rights Watch también documentó graves casos de abuso y discriminación contra solicitantes de asilo LGBT en México. Varios solicitantes de asilo LGBT denunciaron ser objeto de acciones extorsivas por parte de agentes de inmigración mexicanos, policías y soldados de la Guardia Nacional. Otros solicitantes de asilo sufrieron secuestros, agresiones sexuales, robos y otros actos de violencia física ejercidos por delincuentes y funcionarios públicos mexicanos.
- Brenda F., una mujer transgénero, huyó del El Salvador en 2017 luego de que miembros de una pandilla que querían que vendiera drogas la golpearan y amenazaran con matarla. Después de solicitar protección y vivir unos años en México, dijo que se desplazaba en autobús desde Monterrey hasta Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, en mayo de 2020, cuando, en un retén, agentes de inmigración la obligaron a descender y la llevaron a una oficina que se encontraba a 25 metros de aquel lugar. Mientras un agente inmigratorio se quedó vigilando afuera de la oficina, otro la interrogó sobre su destino y el motivo por el cual viajaba y ella le mostró una orden médica para la realización de análisis de laboratorio. El agente la acusó de estar mintiendo y de tener intención de cruzar a Estados Unidos, se tomó los genitales y le advirtió que si no le “daba lo que quería”, podía hacer que dos policías la expulsaran a Guatemala. Luego, le dijo que si lo denunciaba, él ya había tomado una fotografía de su identificación e iría tras ella. Contó que conoce a otras mujeres transgénero que han sido objeto de agresiones sexuales por parte de agentes de inmigración mexicanos.
- Mariana L., una mujer lesbiana que escapó de Honduras en 2021, contó que fue secuestrada con la intención de cobrar un rescate en enero de 2021 y que la mantuvieron cautiva más de una semana cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Cree que sus captores eran miembros de un cartel. La llevaron a una vivienda en Reynosa, Tamaulipas, donde vio varios otros migrantes secuestrados. Contó que le robaron su pasaporte y que la obligaron a tomarse fotografías desnuda hasta que su hermana logró pagar un rescate de USD 3000. Sus secuestradores le pegaban para hacerla llorar cuando llamaban a su hermana para exigir el pago del rescate.
- Cuando Erika L., una mujer lesbiana, y Samuel B. y Martin G., dos hermanos gais de El Salvador, llegaron a la frontera entre México y Guatemala en enero de 2022, un grupo de hombres los secuestró. Del lado mexicano de la frontera, los hombres violaron a Erika mientras golpeaban a sus amigos y los obligaba a mirar. Después del hecho, se dirigieron a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la autoridad para los refugiados de México, en Tapachula, Chiapas, donde solicitaron asilo en México. La COMAR les entregó un documento donde constaba que habían iniciado el proceso para solicitar asilo en México y les otorgó estatus legal en ese país. Un agente de migraciones los interceptó a la salida de la oficina de la COMAR mientras se retiraban. Al ver sus documentos de solicitud, los rompió, les dijo que no servían de nada y los envió a un centro de detención. Fueron liberados y, a continuación, tomaron un autobús en dirección a la frontera entre México y Estados Unidos. Dijeron que agentes de inmigración mexicanos regularmente obligaban al autobús a detenerse y se subían para extorsionarlos a ellos y a otros migrantes, diciéndoles que tenían que pagar si querían seguir su viaje hasta la frontera de EE. UU.
- Kayla R., la mujer transgénero que huyó de Guatemala, dijo que, en julio de 2021, policías estatales mexicanos en Piedras Negras le robaron y la golpearon con bastones con tal violencia que finalmente tuvo que ser hospitalizada y vomitaba sangre. La policía la detuvo junto con otra mujer transgénero con la que viajaba durante dos días, sin darles comida ni agua, y luego las entregaron a los agentes de inmigración, quienes las derivaron a un centro de detención para inmigrantes. Contó que, en ese lugar, un agente de inmigración mexicano le aconsejó que denunciara el delito, pues esto la haría elegible para una visa humanitaria de un año y le otorgaría condición legal en México. Manifestó que quería hacerlo y que el agente tomó sus datos pero nunca le entregó ningún papel ni dio inicio a un proceso inmigratorio. En cambio, luego de denunciar el delito, agentes de inmigración mexicanos la enviaron de regreso a Guatemala, donde había sufrido graves hechos de violencia. Kayla R. volvió a huir inmediatamente. Al retomar el trayecto hacia la frontera estadounidense en marzo de 2022, un grupo de criminales la amenazaron con un machete y le robaron.
Seis solicitantes de asilo y trabajadores por los derechos de las personas migrantes denunciaron que algunos de los refugios de Ciudad Juárez que aceptaban a los solicitantes de asilo LGBT los sometían a tratos discriminatorios, incluido un refugio en el que se obligaba a los solicitantes de asilo LGBT a asistir a servicios religiosos cristianos. Los refugios de Ciudad Juárez se encuentran al tope de su capacidad, por lo que, de no aceptar asistir a esos servicios, estas personas estarían en situación de calle. Algunos refugios para migrantes en Ciudad Juárez directamente no aceptan a solicitantes de asilo LGBT, según afirmaron trabajadores por los derechos de los migrantes de allí.
Los solicitantes de asilo también remarcaron las dificultades que enfrentan los solicitantes con VIH u otras enfermedades crónicas para acceder a servicios de salud que son esenciales para su vida. Los cinco solicitantes de asilo VIH positivo que fueron entrevistados y un solicitante de asilo que presentaba diabetes e hipertensión dijeron que habían pasado períodos de entre algunas semanas y cuatro meses sin administrarse la medicación que necesitaban porque no contaban con dinero ni apoyo.
- Mari R., una mujer transgénero VIH positivo que escapó de Honduras luego de negarse a vender drogas para una pandilla cuyos miembros la habían violado y amenazado de muerte, pasó cuatro meses en México sin su medicación antirretroviral. En abril, con el apoyo de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), una organización local que trabaja por los derechos de los migrantes, finalmente pudo ver a un médico que le dijo que su condición se había agravado significativamente. El día siguiente a ser entrevistada por Human Rights Watch debió ser hospitalizada.
Cuatro solicitantes de asilo transgénero, así como autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y una organización local por los derechos trans llamada Red Solidaria Trans, dijeron que las personas transgénero que solicitan asilo no han tenido acceso a servicios de salud con reafirmación del género en Ciudad Juárez.
- Brenda F., una mujer transgénero que huyó luego de que una pandilla intentara reclutarla y la amenazara de muerte en El Salvador, dijo que había estado tomando hormonas anteriormente pero que, en Ciudad Juárez, no pudo acceder a tratamiento hormonal para reafirmación del género, pese a sus reiterados intentos. “Siempre me dicen que no brindan esos servicios, que no pueden o que no saben cómo hacerlo”, afirmó. Las personas transgénero que toman hormonas para desarrollar características sexuales secundarias compatibles con su identidad y expresión de género experimentan la reversión de estos rasgos físicos cuando se detiene su terapia hormonal, lo cual puede ocasionarles profundo malestar, entre otros síntomas. Brenda dijo que no había tenido acceso a terapia hormonal desde octubre de 2021 y que, como consecuencia, sufría de depresión. “He pedido ayuda para conseguir las hormonas y me han dicho que no brindaban ese tipo de apoyo en este lugar [en Ciudad Juárez]”, manifestó. “Nos están marginando de esa forma; el tratamiento hormonal es necesario y nos lo están negando”.
