Por Uriel García.
Adriana Joffre –mujer trans de 33 años– denunció que es hostigada, acosada y discriminada por sus compañeros de trabajo en Riscop, empresa de seguridad privada en Cuautitlán Izcalli.
Adriana comenzó a laborar en la empresa en abril y desde entonces es víctima de discriminación por su identidad de género. Principalmente, ha tenido problemas con un supervisor, quien la llama por el nombre masculino registrado en sus documentos de identificación, aunque ella ha pedido que no la nombren así.
“De hecho, me quería obligar a cortarme el pelo, que me lo levantara, posteriormente, comenzaba a hostigarme por cualquier cosa”.
Por ello, decidió retirarse una semana del trabajo y buscó asesoría legal. Hasta el momento solo ha presentado una denuncia electrónica.
Según un informe de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), más del 60 por ciento de la población trans sufre de discriminación laboral y únicamente 5 por ciento ejerce alguna profesión.
Sin disculpas de la empresa
La empresa de seguridad fue notificada sobre una denuncia en su contra; por ello, decidió recontratar nuevamente a Adriana Joffre para evitar conflictos legales; sin embargo, los compañeros debían ofrecer a la víctima una disculpa pública por los actos de discriminación, acción que no ha realizado.
“Yo regresé con la mejor intención de que las cosas mejoraran, pues me hicieron el ofrecimiento de que si regresaba le iban a pedir a los compañeros que me ofrecieran una disculpa. Incluso que les iban a levantar un acta administrativa, pero llegó el día de hoy y no hicieron nada”.
Busca soluciones
Aunque la situación de discriminación laboral ha sido la misma para Adriana desde los 20 años –cuando decidió realizar su transición– esta vez levantó la voz ante el acoso que sufrió.
“Nunca hacía nada. Siempre prefería renunciar o salirme. No hacía nada”.
La activista Zoe Catalina, prima de Adriana, ha buscado asesoría legal, pues hasta este momento la víctima no cuenta documentos que avalen su cambio de identidad.
“Yo estoy registrada en Michoacán y se me imposibilita movilizarme para allá. Con mi prima activista, me están apoyando y me dijo que iba a ver la posibilidad de hacer el trámite desde acá”.
A través de la asociación civil Fuera del Closet se le brindó la atención psicológica y legal para asesoramiento de su caso.
“Ellos levantaron las denuncias en las redes. Me contactaron con un psicólogo, con un activista y con un licenciado para la denuncia”, expresó.
Fuente: AD Noticias
